El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles que mañana comienza la auditoría de la OEA con la que confía en desmentir que hay fraude electoral, pero quienes llevan más de una semana en las calles ya no ven más salida que la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación de las elecciones.
Las crisis política y social que atraviesa el país se prolonga desde la jornada después de las elecciones del 20 de octubre, sin que de momento se atisbe una salida.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
El Gobierno de Morales defiende la legitimidad del resultado que le da vencedor en primera vuelta con el 47,08 de los votos, con solo un 0,57 por ciento de margen para evitar la segunda ronda con el opositor Carlos Mesa.
No obstante, accede a una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) e invita a varios países a apoyarla, confiado en que desmentirá las denuncias de fraude.
El presidente tenía anunciada este miércoles una comparecencia, pero al igual que el pasado martes, fue un miembro de su Gobierno el que salió ante los medios y sin responder preguntas.
UNA OPOSICIÓN DE NUEVO DIVIDIDA
Si la oposición se hubiera unido en un frente único contra Evo Morales, como le pedía una parte de la sociedad boliviana, hubiera sumado un 52,92 ciento de votos y la ley boliviana da ganador en primera ronda al que llegue al 50 por ciento más un voto.
Carlos Mesa, que suma el 36,51 por ciento de ese voto opositor, exige al Gobierno que no reconozca los resultados y se vea en segunda vuelta con Morales, al ser los dos más votados.
Sin embargo, desde varios comités cívicos que le respaldan lo que se pide llegados a este punto es que el mandatario renuncie y se anulen las elecciones.
No se fían de un organismo como la OEA cuyo secretario general, Luis Almagro, avaló una candidatura de Evo Morales para un cuarto mandato seguido hasta 2025 que consideran ilegal, aunque fuera autorizada por el órgano electoral.
La Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos y un referéndum en 2016 negó a Morales el volverse a presentar, por lo que le acusan de haber incumplido la voluntad popular entonces, y ahora de nuevo con un resultado electoral que no se creen.
LAS DENUNCIAS DE FRAUDE
En espera de la auditoría, aparecen repetidamente informes con los que se intenta probar la manipulación de votos, los más aplaudidos los de un ingeniero informático, Edgar Villegas.
El experto muestra actas con errores en la suma de votos, carentes de la preceptiva firma y números de identidad que votaron en varias mesas, entre una prolija lista de supuestas irregularidades.
A estas “pruebas” se suman otras en esa línea desde distintos ámbitos, como las del diputado opositor Gonzalo Barrientos, mientras que otros expertos, el oficialismo y los movimientos sociales que respaldan al Gobierno defienden que ninguna de ellas está probada.
LAS PROTESTAS QUE NO CESAN
Desde que el lunes siguiente a la votación comenzara a denunciarse fraude tras un repentino cambio a favor de Morales en el escrutinio, las protestas no han cesado en Bolivia.
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba registraron episodios de violencia, con enfrentamientos entre partidarios y contrarios al presidente, además de choques con la Policía.
Ni la Policía ni otra fuente oficial como el Ministerio de Gobierno (Interior) dan datos globales de heridos ni detenidos, salvo casos puntuales como el de cinco personas heridas por arma de fuego en Santa Cruz.
Los detractores de Morales acusan a la Policía de connivencia con los afines al presidente, permitiendo incluso que usen dinamita.
Mineros, campesinos, cocaleros y conductores de minibuses chocan con bloqueos en las calles instalados por quienes secundan un paro indefinido, mientras la Policía intenta evitar enfrentamientos, empleando numeroso material antidisturbios en graves incidentes en Cochabamba.
Embajadas como la de España han advertido a sus nacionales para que tomen precauciones ante la gravedad de una situación, que a corto plazo no deja entrever alguna salida.
Fuente: El Mercurio
