Un vacío legal les permite conservar sus puestos a los asambleístas del correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, a pesar que desde hace tres semanas no acuden al Palacio Legislativo.
Los tres permanecen bajo la protección de la Embajada de México en Quito, a la espera de una respuesta del Gobierno de ese país a una solicitud de asilo para ellos y sus cónyuges. Ellos se consideran perseguidos.
Al margen de la decisión que tome ese Gobierno, ellos mantendrán sus curules, pues en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se contempla un plazo máximo para que un parlamentario pueda ausentarse de cumplir con sus funciones. Ana Belén Marín (AP), integrante del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Vicente Taiano (PSC), de la Comisión de Justicia, entre otros, reconocen esta situación, por lo que consideran que se deben hacer cambios.
“Ese es un tema que hay que normarlo; está bastante abierto. Tenemos una situación que se puede repetir más adelante. Habría que establecer cuál va a ser el tiempo de la ausencia del principal”, dijo Taiano. La oficialista Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, no se cierra a esa posibilidad, aunque desde mayo pasado reposa en la Presidencia del Parlamento el informe entregado por la mesa, para el segundo debate en el Pleno de las reformas a la Ley.
Peña prevé que antes de finalizar este año el informe sea aprobado. La necesidad de hacer cambios en ese cuerpo legal perdió la fuerza que tuvo hace un año, cuando estalló el caso de aportes ilegales a asambleístas, donde también se identificaron otros vacíos. La correísta Doris Soliz cuestiona que el CAL haya decidido, el pasado 24 de octubre, suspender el pago de los salarios (alrededor de USD 5 000 a sus coidearios), de manera temporal hasta que regresen a sus puestos. Lo considera “un trato inequitativo”.
“Son asambleístas en condición de vulnerabilidad, que se sienten perseguidos, y lo primero que se hace es quitarles el salario, lo que no ocurre con asambleístas que por razones particulares se ausentan dos, tres meses”, manifestó.
El artículo 115 de la Ley señala que los asambleístas pierden su puesto por seis causales: 1. Terminación del período para el que fueron electos; 2. Renuncia; 3. Destitución; 4. Revocatoria del mandato; 5. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada; y, 6. Muerte. Pero una destitución tampoco procede en el caso de Rivadeneira, Buendía y Viteri Gualinga, debido a que su caso no se encuadra en ninguna de las siete causales de la norma sobre las prohibiciones que tienen los parlamentarios.
La situación es distinta para Yoffre Poma, también asambleísta del correísmo, quien está detenido y afronta un proceso judicial por haber participado supuestamente de la toma de un pozo petrolero durante las protestas, que se dieron entre el 3 y 13 de octubre. Si la Corte Nacional de Justicia sentencia a Poma por paralización de servicios públicos, perderá su puesto. Desde el 24 de octubre, por resolución del CAL, en las curules de los cuatro correístas actúan sus alternos. Pero de ellos solo José Agualsaca, reemplazante de Rivadeneira, actúa en el correísmo.
Cronología
12 de octubre
La asambleísta del correísmo Gabriela Rivadeneira ingresó a la Embajada de México en Quito, en donde buscó protección del Gobierno de ese país.
14 de octubre
A la sede diplomática también acudieron los parlamentarios correístas Carlos Viteri Gualinga y Soledad Buendía, en busca de asilo para ellos y sus cónyuges.
24 de octubre
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) les suspendió sus salarios y encargó sus puestos a los alternos, incluido Yoffre Poma, investigado por paralizar servicios.
29 de octubre
Tres de los cuatro asambleístas alternos fueron reubicados en el Pleno de la Asamblea en las curules del oficialismo. Solo José Agualsaca dijo ser partidario del correísmo.
Fuente: Diario EL COMERCIO
