Mantener los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sin “tocar el bolsillo” de la población fue el argumento común que sostuvieron quienes apoyaron la eliminación, en primer debate, de la tasa solidaria.
17 votos a favor, 5 en contra y uno blanco fue el resultado de la votación para que se reforme y codifique la ordenanza que regula el sistema de gestión vial.
Para ello se debatió cerca de tres horas, con lo cual se reflejó la posición de cada uno de los alcaldes de los cantones del Azuay con respecto a la tasa
En primera instancia, los primeros en intervenir fueron los representantes del transporte del Azuay dado que ocuparon la silla vacía de la Cámara Provincial. Ellos aseguraron que los transportistas eran perjudicados con el impuesto que se paga en la matriculación de los vehículos.
Luego, como preámbulo, el prefecto Yaku Pérez expuso el porqué de la eliminación.
Entre las razones que primaron, según dijo, está el valor que deben pagar las Juntas Parroquiales Rurales para acceder a los recursos que deja la tasa solidaria: 30 % como contraparte y un 10 % por gastos administrativos.
Tras la intervención de Pérez, quien estuvo acompañado por algunos de los directores de los departamentos del GAD del Azuay, transportistas y miembros de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay, empezó el debate.
La mayor parte de alcaldes del Azuay, entre ellos el de Sígsig, Santa Isabel, Sevilla de Oro, San Fernando, Chordeleg y Cuenca (Marisol Peñaloza fue la designada por Pedro Palacios para que represente al Municipio) , apoyaron la propuesta de campaña de Yaku Pérez, siempre y cuando, para el segundo debate, se realicen algunas aclaraciones a los puntos que conforman la reforma de la ordenanza que permite el cobro de la tasa.
En contra
Los consejeros que no estuvieron a favor de la reforma fueron los alcaldes de Ponce Enríquez, El Pan, Nabón; el presidente de la Junta Parroquial de San Rafael Sharug (Pucará), y la viceprefecta Cecilia Méndez, quien fue interrumpida varias veces por el público que acompañaba a Pérez por su postura y por su intervención.
Méndez fue la primera en mostrar su rechazo a la eliminación de la tasa solidaria. Explicó que el impuesto debería mantenerse porque es “propio” y los recursos que pretende destinar la Prefectura para reemplazar la tasa provendrán del 12 % del dinero que entrega el estado ecuatoriano, es decir, que los GAD Parroquiales dependerán del presupuesto que entrega el Gobierno.
“Tengamos muy en cuenta que lo estamos reasignando el 100 por 100 de los recursos que vienen de la Tasa Solidaria…Nosotros estamos reasignando los recursos propios para someterlo al proceso del presupuesto general del Estado”, dijo Méndez.
Por su parte, Baldor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez, dijo que estaba sorprendido por la posición de los consejeros que representan a las Juntas Parroquiales, quienes hasta hace poco “apoyaban que se mantenga la tasa”.
En los próximos días se conocerá la fecha del segundo y último debate. Y en caso de repetirse los votos, desde el 2020 no se deberá pagar la tasa solidaria.
Fuente: El Mercurio
