La acusación constitucional presentada por un grupo de congresistas para lograr la destitución de Sebastián Piñera fue rechazada por la Cámara de Diputados.
Este jueves, el Legislativo indicó que el recurso contra el mandatario no cumplía con los requisitos señalados por la Constitución Política, como se defendió desde la presidencia, y por eso lo dejó sin efecto.
La acusación buscaba establecer que Piñera tenía responsabilidad política por las supuestas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden durante la ola de protestas desatadas en el país sudamericano desde octubre.
Con 79 votos a favor y 73 en contra, los diputados chilenos decidieron que la causa presentada el 19 de noviembre pasado se considera «como no interpuesta«.
El contenido del recurso promovido por un grupo de parlamentarios de oposición ni siquiera llegó a ser debatido puesto que los legisladores votaron a favor de una moción de «cuestión previa», que inhabilitó la acusación.
Piñera no se pronunció sobre la noticia, pero sí lo hizo cuando se anunció la iniciativa: entonces consideró que no tenía «ningún fundamento» y que no aportaba «nada».
«Lo que el país necesita hoy día es paz, es unidad, es acuerdos y soluciones a los problemas de los chilenos», afirmó.
La noticia se produce después de que el miércoles el Senado chileno aprobara una acusación constitucional contra Andrés Chadwic, titular del ministerio del Interior durante el inicio de las protestas y quien fue destituido 10 días después de que comenzara el estallido social.
La cámara estableció una responsabilidad política de Chadwick, primo del presidente chileno, por su gestión de las protestas cuando era ministro y lo inhabilitó así para ejercer cargos públicos durante cinco años, informó la agencia EFE.
Un recurso casi inédito
La iniciativa contra Piñera fue la segunda de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en ejercicio.
El único antecedente anterior se produjo en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo, cuando tampoco prosperó la acusación.
Se trata de un procedimiento que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
En una conversación anterior con BBC Mundo, Javier Sajuria, profesor asociado de la Universidad Queen Mary de Londres, explicó algunas de las razones que explican por qué en Chile este mecanismo no es común.
«Existe un sistema superpresidencialista, por lo tanto las atribuciones del presidente son muy altas y no hay mucho contrapeso. Menos para que termine su período antes», apuntó.
Por lo mismo, Sajuria agregó que «es una medida que tiene una pena asociada muy fuerte para que sea considerada como una opción liviana (…) Por eso es tan inédita«.
«La acusación constitucional es como un arma nuclear, es todo o nada, matar o morir. Porque no solo destituyes al presidente sino que también lo inhabilitas de ocupar cargos públicos por cinco años. Y, con ello, simplemente lo destierras de la vida política».
A la oposición le faltaron votos
La denuncia presentada contra Piñera lo responsabilizaba por actos que «comprometieron gravemente el honor de la Nación».
Y señalaba que en su gobierno se había «infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir que las Fuerzas Armadas y del orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada».
La moción de «cuestión previa» planteada por la parte acusada, que llevó a la inhabilitación de la «acusación constitucional», fue aprobada gracias al voto de algunos diputados opositores de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, por lo que no se llegó a votar a fondo la denuncia.
La oposición chilena necesitaba 78 votos para lograr que avanzara la acusación constitucional y cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, pero varios diputados opositores ya se había mostradocontrarios a la iniciativa contra el presidente.
La mayor crisis en décadas
Chile atraviesa la mayor crisis política y social de las últimas tres décadas, después de que el pasado 18 de octubre se desatara una serie de masivas marchas pacíficas y graves incidentes de violencia.
Hasta el momento, se registraron al menos 24 muertos y miles de heridos. Cinco de los fallecidos son atribuidos a las acciones represivas de las fuerzas del orden.
Sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional publicó un duro informe en noviembre, en el que aseguró que las fuerzas de seguridad, bajo el mando de Piñera, estaban «cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta».
Además, la organización apuntó que sus actuaciones parecían responder a un patrón, lo que fue rechazado por el gobierno chileno.
El Ejecutivo, no obstante, admitió que se cometieron abusos.
«En algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público», «se cometieron excesos y abusos», dijo Piñera entonces.
«Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho», señaló el presidente en una reunión con prensa extranjera.
Fuente: BBC