La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público que prohíbe el despedido del funcionario público que está en mora con las instituciones públicas del Estado.
En el debate, los legisladores advirtieron que por retrasos en el pago de sus salarios durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, se presentan muchos casos de mora con instituciones públicas que prestan servicios al ciudadano, y que eso ha ocasionado despidos.
Pero también la reforma pretende eliminar esa inhabilidad especial por mora con el Estado, para aquellas personas que aspiran acceder a un puesto en el sector público, pero condicionada a la suscripción de convenios de pagos debidamente declarados y notificados.
La asambleísta Rina Campain (CREO), ponente del proyecto explicó que el objetivo de la propuesta es proteger el empleo y la garantía de la estabilidad en el servicio público, pues pretende dejar sin efecto lo que determina la actual Ley en su artículo 9, como es la prohibición de conservar el trabajo en el sector público si el funcionario cae en mora con una de las instituciones del Estado.
La reforma además aspira amparar a aquellas personas que postulan para un cargo en el sector público y que tienen mora con el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Estado e instituciones financieras abiertas, etc.
Por ello, se plantea sustituir el artículo 9 de la Ley de Servicio Público donde se determine que se exceptúa de la prohibición para firmar un contrato o nombramiento para aquellas personas que hagan constar previamente, en la declaración patrimonial juramentada, el detalle de la deuda con el detalle del convenio de pago suscrito que se ejecuta o se ejecutará un vez que se ingrese al sector público.
Si la inhabilidad se produce cuando el servidor público está en funciones, se podrá firmar un convenio de pago con la entidad pública respectiva y deberá poner en conocimiento del particular, a la autoridad nominadora de su lugar de trabajo.
Según la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Karina Arteaga, hay muchos casos de servidores públicos que por falta del pago oportuno de sus salarios, por parte del Estado, durante la pandemia han caído en mora con el Estado; y producto de aquello están impedidos de ejercer cargo público.
Por ello, llamó a los legisladores a actuar de manera diligente aprobando esta reforma para proteger a los servidores públicos y aliviar sus angustias derivadas de las deudas.
Planteó la necesidad de incluir una disposición donde se determine que mientras el país siga enfrentando la pandemia, los trabajadores públicos no sean impedidos de laborar por haber caído en mora, por una circunstancia ajena a su voluntad. Se propone que se conceda un año para que los servidores públicos puedan cumplir con sus obligaciones adquiridas con las instituciones del Estado, mientras tanto, ninguno puede ser objeto de despido, insistió.
Samia Tacle (PSC), integrante de la Comisión que tramita la reforma se pronunció a favor de esta reforma, pues dijo que busca llenar un vacío localizado en la Ley de Servicio Público donde no se explica qué pasa cuando un funcionario público entra en mora estando en funciones.
Comentó que la actual situación que vive el país y el mundo con la pandemia de coronavirus afecta también al servidor público por los atrasados en el pago de sus salarios y los recortes a su remuneración, lo cual incide directamente a sus planes y calidad de vida.
Manifestó que funcionarios y directivos del Seguro Social revelaron que más del 40% de los préstamos quirografarios que se han otorgados en los últimos meses han sido destinados a gastos de salud, lo cual evidencia la realidad que se vive en los hogares fruto de la pandemia donde los gastos en salud y alimentación son una prioridad en estos momentos.
El legislador Ángel Sinmaleza (IND), resaltó que la reforma en discusión plantea medidas alternativas como convenios de pago para solucionar un problema laboral o una situación económica con alguna institución pública, con lo cual se busca proteger el empleo del funcionario público en medio de la pandemia.
Propuso además que en la excepción por mora se incluya los casos por falta de pago de las pensiones alimenticias, a fin de que el funcionario o el postulante a un cargo público tenga la opción de convenios de pago haciendo constar ese compromiso de pago en una declaración juramentada e inclusive autorice el respectivo descuento.
El proyecto de Ley regresó a la Comisión de Derechos de los Trabajadores para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate.
Fuente: El Universo
