Ya son cinco meses. Y al parecer Amanda junto con su familia deben esperar unos dos más para saber si finalmente el cuerpo de su hermano, Julio Valle, de 70 años, pudo ser reconocido por el método de ADN entre los cadáveres que aún quedan en los laboratorios de Criminalística, luego de haberse confundido en contenedores de los hospitales en la emergencia sanitaria que vivió Guayaquil desde marzo pasado.
Ella contó que en su hogar la situación es insostenible, pues su mamá, de 94 años, insiste a diario en que desea despedirse de su hijo para poder vivir en paz.
En el pasillo de su hogar aún esperan el ataúd que compraron el 30 de marzo cuando Julio murió a causa de un paro cardiaco presuntamente ocasionado por el COVID-19.
Pese a que el fallecimiento ocurrió en el centro de la ciudad, su cuerpo fue llevado al hospital del Guasmo por la sospecha del virus. Desde ahí, su familia desconoce su paradero, tienen fotos de él luego de haber fallecido, detalles de su ropa, pero nada de eso ha servido para que luego de cinco meses se lo haya podido encontrar ni por método de huella dactilar ni por el antropológico que desarrollan expertos.
El abogado defensor de los deudos, Héctor Vanegas, dijo este jueves que son al menos 70 familias que no tienen información del paradero de su familiar en estos cinco meses y que van a tomar medidas al respecto. Familiares este jueves realizaron un plantón en exteriores de la Gobernación del Guayas.
El pasado 27 de junio, el juez de Garantías Constitucionales Carlos Andrade López declaró con lugar la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo contra varias instituciones públicas por el extravío de más de 130 fallecidos por coronavirus durante el pico de la pandemia.
Entre las acciones que se solicitaban en ese fallo estuvieron la entrega de los cuerpos que hasta ese momento estaban plenamente reconocidos, un pedido de disculpas públicas en medios de comunicación por parte de los gerentes de cada hospital donde se reportó la pérdida del cadáver. Otra fue la atención psicológica a las familias que padecieron y aún padecen de este proceso.
Luego de dos semanas, se logró entregar 57 cadáveres a sus familiares con los respectivos certificados en que se avala el reconocimiento mediante los métodos respectivos, indicó Freddy Herrera, coordinador de Medicina Legal de Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística.
Herrera explicó que también hubo familias que al no contar con recursos se acogieron a que el Gobierno pueda enterrar a los cuerpos. Ellos acudieron a los laboratorios de Criminalística al reconocimiento y a firmar los documentos del respectivo proceso como constancia entre ambas partes.
Agregó que ya tienen más cuerpos identificados que se concretará la entrega en estos días.
Familiares de los cuerpos que aún no logran ser entregados pidieron a autoridades que se agilice esta situación, porque es un daño psicológico muy grande. Un caso de esos es el de Marjorie Raza, quien perdió a su padre de 71 años en el hospital del Guasmo sur. “Aún no me entregan a mi padre, me llamaron para decir que ya lo habían identificado. Talvez en la próxima semana se concrete la entrega. Yo aún lo sueño, lo veo vivo porque así fue la última vez que lo vi cuando lo ingresaron al hospital, yo lo dejé vivo y me duele mucho esto”, explicó la mujer.
Fuente: El Universo
