La etiqueta “Justicia para Gaby” fue tendencia en redes sociales este sábado 22 de agosto del 2020. Durante la mañana –en la audiencia de formulación de cargos- un Juez ordenó la prisión preventiva en contra del sospechoso del crimen y medidas de protección para la familia de la víctima. Este caso se investiga por el delito de femicidio.
La cuencana de 36 años y abogada de profesión fue encontrada sin vida en su casa ubicada en las calles Presidente Córdova y Manuel Vega, en el Centro Histórico de la capital azuaya. Uno de sus dos hijos –menor de edad- la encontró sin vida en la habitación. El hecho ha generado indignación y consternación entre los cuencanos.
El sospechoso es médico de profesión y según las autoridades de la Policía de Azuay, confesó ser el autor del femicidio. Entre ellos había una relación sentimental de siete meses, contó un primo de Gabriela. Desde el principio, los familiares de la joven difundieron –a través de las redes sociales- fotografías del sospechoso del crimen y de esta forma fue localizado y llevado a la justicia.
El familiar también relató que los resultados de la autopsia revelaron que la muerte de Gabriela se produjo por estrangulamiento y asfixia. “Tenía una fractura en el esternón (hueso del tórax) que hace presumir que el hombre la inmovilizó arrodillándose sobre ella”. Autoridades de Azuay y varios colectivos de defensa de las mujeres, como Las Hijas de Pandora, se han pronunciado con dureza sobre este hecho y seguirán de cerca el proceso judicial. En los exteriores del Complejo Judicial se aportaron personas con carteles exigiendo justicia.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, escribió “rechazo total a la violencia contra las mujeres, no más femicidios. Nuestra solidaridad con la familia de Gabriela”; y el prefecto, Yaku Pérez, “es momento de generar políticas públicas efectivas que frenen la violencia contra la mujer. Tenemos que combatir el machismo con educación”.
El gobernador de Azuay, Xavier Martínez, escribió en su cuenta de Twitter: “Se dicta prisión preventiva para el responsable confeso de Gabriela. Estaremos vigilantes a que el sistema judicial dictamine la sanción pertinente para que esto sea un precedente”.
Tras la audiencia el acusado fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el femicidio con una pena privativa de libertad de 23 a 26 años y con agravantes podría llegar hasta 34 años y ocho meses de cárcel.
Fuente: Diario EL COMERCIO
