Algunos de los rubros del Presupuesto Operativo Electoral (POE) de $ 114, 3 millones para la organización de las elecciones generales del 2021, podrían ser absorbidos por varias entidades de la Función Ejecutiva para reducirlo.
Esto sería resultado de las reuniones entre equipos técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Finanzas, después de que esta última entidad cuestionó el POE aprobado, por considerar que era 14,7% superior al utilizado en los comicios del 2017 ($ 99,6 millones).
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint informó este 11 de septiembre desde la delegación electoral de Pastaza, en donde se encontraba en un recorrido, que se está planificando que algunos de los costos sean «absorbidos por algunos ministerios, lo que dará la posibilidad de que la erogación de los gastos sean menores».
Como por ejemplo, con el Ministerio de Salud para que esta entidad provea de los implementos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 en los actores que intervengan en el proceso electoral el día de las elecciones y en su desarrollo.
O también que el Ministerio de Telecomunicaciones a través de empresas públicas puedan apoyar en áreas como el sistema informático, como con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Se plantea incluso, que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) podría «asumir la responsabilidad de la capacitación» electoral para reducir costos.
En los próximos días se conocerán los acuerdos convenidos y qué costos se reducirían del presupuesto electoral, informó Atamaint.
Por otra parte, el próximo 17 de septiembre el Consejo se pronunciará sobre la situación jurídica de las cuatro organizaciones políticas observadas por la Contraloría del Estado, en cuyas recomendaciones se dispone que deben ser extinguidas porque no contaron con el número de firmas para inscribirse.
Ese día se realizará la convocatoria a las elecciones del 2021, y la Función Electoral contará con las potestades de ser máxima autoridad en periodo electoral.
El plazo de 30 días que abrió el Consejo para revisar las pruebas de descargo que plantearon Justicia Social, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo y Juntos Podemos para evitar su extinción, culminó este 10 de septiembre.
Pero según Atamaint, el 17 tomarán una resolución al respecto.
La presidenta también se refirió al aval internacional que requiere la auditoría al sistema de conteo de votos y resultados que realizó la Contraloría, como lo dispone una de las transitorias del Código de la Democracia.
Confirmó que han hecho un estudio de mercado para buscar esta certificación, pero que consultarán al organismo de control sobre la aplicación de la misma.
El consejero, Luis Verdesoto planteó a los consejeros que este requisito pueda solicitarse a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos
Fuente: El Universo
