Los disturbios se desataron ayer en Louisville (Kentucky) después de que la Fiscalía del Estado decidiera no imputar de asesinato a ninguno de los agentes involucrados en la muerte de Breonna Taylor, el pasado marzo. Taylor, una trabajadora de emergencias médicas de 26 años, fue disparada por la policía en un registro domiciliario. Los agentes, que investigaban un delito de tráfico de drogas, no se identificaron cuando, de noche, entraron en el domicilio de Breonna. El novio de ésta, Kenneth Walker, ante la aparición de los agentes (que iban vestidos de civiles y a quienes tomó por intrusos), empezó a disparar, a lo que la policía respondió con una lluvia de más de 30 disparos que acabaron matando a Breonna.
Ayer, al menos dos policías resultaron heridos por impactos de bala y hasta 46 personas fueron detenidas en una noche de protestas en la ciudad en la que vivía Breonna. Nada más hacerse pública la decisión de la Fiscalía, centenares de personas salieron a manifestarse en Louisville, así como en Nueva York, Washington, Atlanta, Colorado o Los Ángeles, donde se repitió el clamor por la justicia social y el fin del racismo que ha llevado a miles de personas a las calles desde mayo en Estados Unidos.
El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, anunció que «después de una investigación exhaustiva» no veía razones para acusar de asesinato a ninguno de los tres agentes que en marzo irrumpieron en el apartamento de Taylor para ejecutar un registro relacionado con una investigación sobre drogas en la que estaba involucrado un ex novio de Taylor.
Taylor, que descansaba en su cama cuando los policías irrumpieron en su casa, falleció por los disparos de los agentes, y desde entonces su caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad racial y contra la brutalidad policial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos y que desde mayo, con la muerte del George Floyd en Mineápolis, ha motivado protestas nunca vistas desde la muerte de Martin Luther King en todo el país.
El fiscal, que se basó en el dictamen de un gran jurado, anunció que sólo acusará al ex policía Brett Hankinson por imprudencia temeraria al haber disparado contra una vivienda vecina a la de Taylor. Hankinson quedó en libertad tras pagar una fianza de 15.000 dólares, mientras que los agentes Jonathan Mattingly y Myles Cosgrove, autores de los disparos que alcanzaron a Taylor, fueron exculpados porque su actuación estuvo «justificada», según la Fiscalía.
Anticipándose a la posibilidad de que se registraran disturbios en la ciudad, las autoridades de Louisville decidieron declarar el estado de emergencia, cerrar comercios y oficinas y declarar un toque de queda a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
Las protestas se saldaron con dos policías heridos por bala y más de 46 detenidos, además de algunos daños materiales por fuegos provocados en el centro administrativo de la ciudad, donde desde hace meses se celebran protestas por la muerte de Taylor.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó en rueda de prensa la decisión de Cameron de no hacer «justicia de muchedumbre» y de sobreponerse a las presiones de la opinión pública. Asimismo, expresó en Twitter su pesar por los agentes heridos y ofreció ayuda a la ciudad con el despliegue de agentes federales en una llamada con el gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshear. «Estamos dispuestos a trabajar juntos en cuanto se nos requiera», dijo.
El mandatario ha centrado su mensaje en esta recta final antes de las elecciones presidenciales de noviembre en pedir «ley y orden» y mano dura contra los manifestantes, obviando cualquier gesto de reconciliación y sin haber reconocido ni una sola vez el racismo sistémico de algunas instituciones, entre ellas la Policía.
El ayuntamiento de Louisville acordó el mes pasado pagar 12 millones de dólares a la familia de Taylor por su muerte, uno de los acuerdo por una muerte de brutalidad policial contra afroamericanos más altos.
El alcalde Louisville, Greg Fischer, desvinculó en rueda de prensa ese acuerdo de exoneración de los agentes por la vía penal y aseguró que la cantidad quiere abrir una vía a la «reconciliación» en la ciudad.
El regidor también recordó que el Buró Federal de Investigación (FBI) mantiene una investigación penal sobre el caso y el Departamento de Policía de la ciudad está revisando si algunos de los procedimientos policiales que llevaron a la muerte de Taylor, que no había sido acusada de ningún delito ni figuraba en una orden de registro, necesitan cambios.
Fuente: El Mundo
