La Comisión de Fiscalización arrancó hoy, viernes 16 de octubre del 2020, con el trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones. La mesa parlamentaria se reunió esta mañana para calificar la solicitud y aprobar un cronograma, en el cual se contempla la presentación de un informe hasta el 5 de noviembre próximo, conforme a los plazos de ley.
El presidente de la Comisión, Elio Peña (PK), y el asambleísta Marcelo Simbaña (Creo) se encargaron de presentar las mociones. La fase de pruebas concluirá el 31 de octubre, cuando se prevé que Romo acuda para presentar sus pruebas de descargo. Los interpelantes Roberto Gómez (ex Creo), Lourdes Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo (RC) deberán ser convocados para que el próximo lunes 19 presenten los argumentos que tienen para buscar la censura y destitución de Romo.
La resolución autoriza al presidente de la Comisión para que “se realicen las diligencias procesales con la flexibilidad necesaria para evacuar cada una de ellas, respetando los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Simbaña, el proponente de la moción, explicó a este Diario que las pruebas deberán ajustarse al pedido que fue calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), el 8 de septiembre pasado.
Aunque la solicitud inicial tiene como motivos a la actuación de la Policía -que controla el Ministerio de Gobierno-, como el uso de bombas lacrimógenas caducadas, en las protestas de octubre de 2019, Gómez y Cuesta pidieron que a las pruebas para este proceso se incluyeran las denuncias de supuestos repartos de hospitales. “La causal de incumplimiento de funciones no ha variado, no ha cambiado, sigue siendo la misma; el incumplimiento de funciones por parte de la ministra Romo se dio desde el mes de octubre de una forma, es por eso que en el mes de enero presentamos nosotros esta solicitud.
Desde enero, o parece que desde antes, incluso, su incumplimiento de funciones se ha venido manifestando por otro tipo de actuaciones”, argumentó Cuesta. José Serrano (AP), uno de los integrantes de la Comisión, coincidió en que “la causal para un juicio político está claramente determinada en la Ley de la Función Legislativa y en la Constitución, en torno al incumplimiento de funciones, que es lo que se debe probar.
Y es allí donde debemos estar a lo que efectivamente se pueda exponer en el término de prueba”: Apuntó que “en el término de prueba se deberán incluir absolutamente todas aquellas pruebas materiales, documentales, testimoniales, que tanto los asambleístas interpelantes consideren pertinentes, así como las que los miembros de esta comisión consideren pertinentes incluirlas de oficio”.
El secretario de la Comisión certificó que a la Comisión no llegó una adenda que Gómez envió al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) para que en el expediente se incluyera el informe sobre una investigación al exasambleíta Daniel Mendoza, procesado por delincuencia organizada. El asambleísta Peña sostuvo que se dará un margen para la flexibilidad y “agilizar algunos elementos, sobre todo, en el plazo de prueba de cargo y de descargo, y de oficio”. Los asambleístas Gómez, Cuesta y Naranjo ya intentaron una interpelación de Romo el año pasado por temas como la inseguridad ciudadana y abuso de bienes públicos, pero terminó en el archivo en la Comisión, que fue reestructurada hace un mes.
Fuente: Diario EL COMERCIO
