Extranjero sentenciado a 10 años de prisión por homicidio

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El Tribunal de Garantías Penales del Azuay sentenció a Eduardo Alberto C. como autor del homicidio de su compatriota, de nacionalidad venezolana, Ángel A., de 24 años. La condena impuesta fue de diez años de privación de libertad y al pago de 50.000 dólares a la madre de la víctima.

Además, una vez que cumpla la condena, será expulsado del país y podrá retornar luego de diez años.

La muerte de la víctima ocurrió la noche del 21 de marzo de 2020. Él y una amiga acudieron hasta el domicilio de otra amiga, situado en las calles Manuel Vega y Gran Colombia, en Cuenca.

En el inmueble, el ahora sentenciado le reclamó a la víctima por estacionar su moto junto a la puerta de la entrada. Los hombres discutieron, se produjo una riña y Eduardo Alberto C. le propinó una puñalada a su compatriota, la cual laceró su corazón y su pulmón.

La víctima corrió hasta la avenida Huayna Cápac, donde se desmayó y falleció, mientras que el agresor huyó y fue detenido horas más tarde, cuando regresó al mismo inmueble.

Durante la audiencia, Fiscalía presentó el testimonio anticipado de la amiga de la víctima, además de los testimonios de un ciudadano a quien el sentenciado le contó los hechos, del agente investigador de la Policía, del perito de Criminalística que elaboró el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias.

De esta forma, la Fiscalía Provincial del Azuay demostró la responsabilidad de Eduardo Alberto C. en el homicidio de su compatriota, de nacionalidad venezolana, Ángel A., de 24 años. Las pruebas fueron presentadas durante la audiencia de juicio, desarrollada los días 4 y 7 de enero del año en curso.

El crimen sucedió el 21 de marzo de 2020, alrededor de las 21:00, en pleno centro Histórico de Cuenca. A esa hora regía el toque de queda debido a la emergencia sanitaria, es decir, los ciudadanos debían permanecer en sus domicilios.

El delito de homicidio está tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de 10 a 13 años.

Fuente: El Mercurio