El acceso a la seguridad para los adultos mayores es “un desafío pendiente” para los países de América Latina.
Así lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia”, presentado este miércoles 20 de octubre del 2021.
Según datos de la OIT, en el 2019, el 37% de la población de adultos mayores no contaba con jubilación ni ingreso. A esto se suma el 33% de esta población que solo contaba con un ingreso.
A escala regional, el 46% de las personas mayores de 65 años no percibió una pensión en el 2019.
Para Patricia Borja, experta en seguridad social, el problema está en las altas tasas de desempleo e informalidad (subempleo) que existen en el país, que no permiten la afiliación a la seguridad social de las personas que se encuentran en estos sistemas.
La OIT confirma estas brechas en la cobertura de ingresos previsionales y lo plantea como un problema de hace varias décadas, que hoy se refleja en la falta de protección para los adultos mayores.
A esto, el organismo agrega las desigualdades de ingresos y condiciones laborales, la baja densidad de ahorro y tablas de mortalidad, que en la mayoría de los casos afecta más a las mujeres, “que se exacerban en sectores de bajos ingresos, segmentos informales y especialmente en áreas rurales”, señala el estudio.
Actualmente, la seguridad social en Ecuador, que es de carácter tripartito: empleadores, trabajadores y Estado, atraviesa un difícil momento. El fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene un déficit debido a que lo que aportan los afiliados no alcanza para cubrir el pago de prestaciones a jubilados.
Un informe del Banco Mundial señaló que en el 2020 el déficit llegó a USD 1 895 millones, pero aumentará a USD 2 800 millones en el 2025.
El problema de cobertura social se agravará con el incremento de la población mayor. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el 2050 aumentará la esperanza de vida a 80,5 años y habrá más población adulta por la reducción de nacimientos.
Además, implicará mayor gasto público para el Estado que tendrá que buscar mecanismos no contributivos, como más bonos sociales, para cubrir a todas las personas fuera del sistema de jubilación. El estudio de la OIT destaca los programas sociales vigentes en el país como la pensión de Adultos Mayores, la pensión Mis Mejores Años y el Seguro Social Campesino.
Para contrarrestar estos efectos, Borja sugiere aplicar reformas en el IESS, que incluyan acciones para ampliar el número de afiliados activos, impulsar el trabajo adecuado y que se planteen mecanismos de una protección mínima para este sector poblacional.
Fuente: El Comercio
