Asambleístas denuncian irregularidades en informe sobre el tranvía de la Comisión de Fiscalización

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En una entrevista con radio La Voz del Tomebamba, Bruno Segovia, asambleísta por la provincia del Azuay, Fernando Villavicencio, Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se refirieron al informe de la Comisión de Fiscalización sobre las investigaciones que se ejecutan respecto al proyecto Tranvía de Cuenca.

“Las responsabilidades principales de la aprobación y la calificación de prioritario del proyecto tranvía no fue tomado en Cuenca, sino en Quito por las principales autoridades del gobierno del expresidente Correa. Me refiero a los miembros de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)”, manifestó Fernando Villavicencio, Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Además afirmó que el proyecto del Tranvía de Cuenca calificó como prioritario y quienes remiten fueron: Fander Falconí, Patricio Rivera, María de los Ángeles Duarte (exministra de Transporte), Andrés Arauz (excandidato a la Presidencia), Carlos Soria y William Vásconez.
El legislador dio a conocer el documento de la aprobación de crédito del Comité de Deuda y Financiamiento por el valor de 90 millones de euros, firmado por Diego Martínez, delegado del expresidente Rafael Correa; Fausto Herrera, ministro de Finanzas; Fander Falconí, secretario nacional de Crédito Público, y William Vásconez, secretario de Crédito.

“El Tranvía de Cuenca conduce inexorablemente a París”, aseguró el asambleísta Fernando Villavicencio quien se refirió sobre la investigación que inició hace siete meses y dio como resultado los primeros hallazgos de la adjudicación, ejecución y post construcción de mencionado proyecto, y que es respaldada por información “nunca antes revelada”. No obstante, condenó la falta de información de instituciones locales, del gobierno central y de gobiernos anteriores.

Entre otros documentos, presentó el Convenio Específico de Cooperación Técnica Interinstitucional en el Instituto Nacional de Preinversión (INP) y el Municipio de Cuenca para la Elaboración de estudios complementarios y de ingeniería básica del Tranvía. El primer elemento que encontraron en el escrito es que a finales de 2011, la empresa francesa Artelia hizo los estudios de pre factibilidad y factibilidad, sin cobrar un solo centavo.

“La generosidad de esta empresa privada tenía una razón, un hilo conductor”, sostuvo Villavicencio, ya que “con base a estos estudios, donde ya se define al tranvía como la única solución a los problemas de movilidad y transporte de Cuenca, se conduce luego, desde la administración de Paúl Granda (alcalde de ese entonces), a la firma de una línea de crédito con un banco privado francés llamado Natixis, cuestionado a nivel internacional, y con la empresa privada francesa Alstom, que encabeza el consorcio francés”.
El asambleísta también reveló una carta que Paúl Granda envió al embajador de Francia, así como la respectiva respuesta a la misiva, en la que “se condiciona el préstamo de 90 millones de euros, a cambio de que contraten con un consorcio francés liderado por Alstom, vinculada a Odebrecht”.

De esta manera Villavicencio concluyó que los recursos no vinieron del Gobierno francés sino de una empresa privada y de un banco privado de ese país. “Aquí tenía que haber licitación pública, y este contrato, este convenio, fueron adjudicados a dedo”, dijo.
Villavicencio profundizó que para cumplir este cometido se contó con un informe del procurador general del Estado, de ese entonces, lo que es “grave”, porque “ahora son ellos los que cuestionan el arbitraje de la CIADI. Aquí no hay arbitraje, aquí se sometió al Estado ecuatoriano a la jurisdicción y legislación francesa”.
De su lado, Bruno Segovia se refirió sobre la construcción y ejecución del proyecto tranvía, “un proyecto importante para la ciudad, pero lastimosamente el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Dijo que “la aspiración de los cuencanos fue burlada, al ser utilizada como bandera política por parte de Granda, que buscaba la reelección a la alcaldía de Cuenca, y de Marcelo Cabrera, hoy en día actual ministro de Transporte y Obras Públicas, que quería suceder en este cargo con su eslogan de campaña que era: no al tranvía”.
En este sentido, presentó un “acta de acuerdo” firmada por Marcelo Cabrera y una empresa francesa “en la cual las dos partes, supuestamente se comprometen a no reclamar sobre atrasos de plazos en obras”. ¿Cuántos cientos de millones de dólares se dejó de cobrar a terceros por este tipo de acuerdos”, se preguntó.

También puntualizó sobre el estudio hecho por una empresa vasca en la fase precontractual que determina un número de 120.000 usuarios del tranvía, “solo para sustentar el proyecto”, pues en 2017 otro análisis de movilidad determinó que máximo 35.000 a 65.000 utilizarían este transporte. “Al no ser un estudio serio no es sustentable costándole a la ciudad más o menos 10 millones de dólares al año”.

Bruno Segovia también expuso un documento de liquidación de lo que el tranvía le costó a la ciudad. “Se proyectó la obra civil por 72 millones de dólares; se incumple y se declara terminada la obra de manera unilateral, pagándose 30 millones al consorcio CCRC; pero vale aclarar que ellos se llevan el dinero, pero quienes hacen el trabajo son ingenieros civiles cuencanos, y se cobra cláusulas de fiel cumplimiento y garantías por 12 millones de dólares. Adicionalmente se hace un contrato adicional por 48 millones y contratos de emergencia de 3 millones y termina costando 78 millones de dólares”.

Segovia manifestó que “al no hacer bien las cosas” este conflicto se viene resolviendo en la Cámara de Comercio de Chile con un arbitraje internacional. “¿Qué lleva a la ciudad a pagar 30 millones de dólares? Nuevamente la irresponsabilidad de administración municipal que no hizo a tiempo las expropiaciones de predios, no hizo obras para que la empresa que hacía la obra civil pueda hacer estos trabajos, eso genera incumplimiento, según ellos”.

Sobre este tema añadió que cuatro profesionales de Cuenca, omitiendo sus nombres, fueron contratados para la defensa legal. “Un contrato público se hace sobre cosas concretas; sin embargo, a cada uno se paga 75.000 dólares por adelantado”.
El precio del proyecto tranvía también se incrementó por hacer “un contrato a parte” de las afecciones por donde iba a pasar este sistema de transporte, sostuvo.

Se detalló que la obra inicialmente tenía un valor de USD 261.373 millones, pero a esta cifra se debe sumar los 30 millones de la mediación y 10 millones destinados para el subsidio anual del Tranvía, superando los USD 300 millones.

En los próximos días, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobará un calendario de comparecencias de todos los exfuncionarios, autoridades locales, empresarios y empresas fiscalizadores relacionados con esta investigación para posteriormente presentar un informe al Pleno.