Organizaciones de defensa de los derechos humanos rechazaron el veto parcial del presidente Guillermo Lasso de este martes 15 de marzo de 2022 al proyecto de ley de aborto por violación aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 17 de febrero.
Una de las principales modificaciones que pide el Presidente a la Asamblea es la unificación de plazos en zonas urbanas y rurales. El proyecto enviado por el Legislativo contempla un plazo de 12 semanas de embarazo para acceder al aborto por violación en caso de mujeres que residan en áreas urbanas, mientras que el plazo para mujeres en áreas rurales era de 18 semanas. Lasso pide que en ambos casos el plazo sea de 12 semanas.
Otra de las observaciones tiene que ver con la objeción de conciencia para profesionales de la salud. A criterio del Presidente, “el proyecto de la Asamblea ha desconocido abiertamente este derecho, razón por la cual me he visto obligado a incluir artículos que garanticen a todos los profesionales de salud la aplicación de este principio constitucional”.
Una de las primeras organizaciones de defensa de los derechos humanos en pronunciarse fue el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). “Rechazamos el veto parcial a la ley de aborto por violación del presidente Guillermo Lasso, pues envía un claro mensaje en contra del derecho a un proyecto de vida y los derechos de las víctimas y sobrevivientes en caso de violación sexual”.
La asambleísta por Izquierda Democrática y una de las principales impulsoras del proyecto, Johanna Moreira, dijo a través de su cuenta de Twitter que “el presidente Guillermo Lasso con su veto parcial no ha entendido la dolorosa realidad que viven a diario nuestras niñas en el Ecuador, imponiendo plazos cortos que solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que nuestras mujeres pierdan su vida desde la clandestinidad”.
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, aseguró que el Presidente “co-legisla desde sus convicciones y creencias forzando al sufrimiento a miles de víctimas de violencia sexual embarazadas que no llegarán a tiempo. El acceso al aborto por violación, es nuevamente, inseguro, clandestino y un privilegio de pocas”.
Ana Cristina Vera, abogada de la organización feminista Surkuna, dijo que considera “indignante el veto enviado por el Presidente porque él mismo no se corresponde con la sentencia de la Corte Constitucional ni con las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”. Para Vera, las observaciones de Lasso pretenden “obstruir el acceso al aborto legal y recriminalizar a las mujeres, niñas y personas gestantes y a los profesionales de la salud que ofrezcan si quieres servicios de salud en esta práctica que es legal y eso es sumamente grave”.
Además, asegura, “el Presidente no considera la realidad concreta ni de los servicios de justicia que enfrenta en nuestro país, ni tampoco la realidad que viven las niñas, adolescentes mujeres rurales en casos específicos. Rechazamos este veto. Es una clara inconstitucionalidad que vulnera no solo la sentencia de la Corte sino la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos“.
Por su parte, la abogada especialista en derechos humanos María Dolores Miño asegura que “el veto frustra el fin de la sentencia de la CCE, que era asegurar a estas mujeres y niñas, víctimas del delito más atroz que puede perpetrarse contra una mujer, un mecanismo de reparación. Es decir, de evitar que esa violación tenga efectos continuados en su vida”.
Miño considera que “regular el aborto por violación bajo los criterios del aborto libre da cuenta del profundo desconocimiento de Lasso y su círculo. Pero, sobre todo, de la influencia que los sectores conservadores tienen en temas que deberían ser resueltos al tenor de lo que mejor favorezca al ejercicio de los derechos humanos. Este ejercicio de veto es discriminatorio, contrario a Derechos Humanos y evidencia algo que ya vimos en la marcha del 8M: la repulsión del lassismo hacia los derechos de las mujeres.”
Las organizaciones de derechos humanos no han sido las únicas que no han quedado conformes con el veto. Martha Cecilia Villafuerte, directora de la Red Nacional Familia, asegura que “es decepcionante ver un veto parcial, ya que la campaña que hemos realizado era por un veto total. No podemos apoyar ninguna ley que vayan con el artículo 45 de la Constitución y no ofrecen ninguna alternativa para los casos de embarazos productos de violación”.
Fuente: El Comercio
