Generales en servicio pasivo de la Policía Nacional piden la amnistía para 200 uniformados procesados por las protestas de octubre del 2019

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La Asociación de Generales de la Policía Nacional en servicio pasivo ingresó en laAsamblea Nacional un oficio con un pedido general de conceder amnistías a los servidores policiales procesados por los hechos producidos en las violentas protestas de octubre del 2019.

Un grupo de miembros de la institución policial acudió a la sede del Palacio Legislativo en Quito este 8 de abril, para entregar lo que sería un pedido general de solicitudes de amnistías para policías en servicio activo y pasivo que actuaron durante las jornadas de doce días de manifestaciones, que impulsó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros grupos sociales en octubre del 2019 en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles que dispuso el expresidente Lenín Moreno.

En el documento ingresado en el Parlamento se argumenta que transcurridos más de dos años de estos hechos, no se registran policías sentenciados, ni se ha llevado a cabo la formulación de cargos relacionados a delitos.

No obstante, sí hay investigaciones penales en curso e investigaciones en contra de policías de diferentes rangos y en ciertos casos a unidades completas o grupos especiales, lo que “implica no solo la incertidumbre y falta de seguridad jurídica, sino que también impone a los policías una carga pesada en su presupuesto” para ejercer su defensa.

El pedido sustancial a los legisladores es que en un “acto de justicia” la decisión que tomaron sobre determinados hechos “cubra a todos los ciudadanos sin discriminación” y se resuelva conceder amnistía a todos los miembros de las fuerzas de seguridad en relación con los hechos derivados del ejercicio de sus funciones de mantenimiento del orden público en las jornadas de protesta desarrolladas entre el 2 y el 13 de octubre en todo el territorio nacional”.

La delegación que acudió a la Asamblea estuvo presidida por el general Alfonso Camacho, presidente de la Asociación de Generales de la Policía Nacional en servicio pasivo (s. p.), quien dijo tomarle la palabra a la presidenta Guadalupe Llori, que en declaraciones públicas ha dicho que “ninguna persona ha puesto de manifiesto la buena o sana voluntad de presentar una petición de amnistía para el personal” que intervino en esas jornadas.

Camacho indicó que serían alrededor de 200 efectivos que enfrentan causas por la revuelta del 2019, pero que debe analizarse beneficiar con este procedimiento a los 53.000 policías en servicio activo y pasivo que son procesados en la justicia ordinaria, en el contexto de la protesta social.

“Hoy hemos pedido una amnistía para todo el personal policial. En la carta que entregamos, indicamos los antecedentes, que salimos a defender los bienes y al pueblo; por lo que en equidad de condiciones, queremos que se nos dé el mismo tratamiento”, subrayó Camacho en declaraciones a los periodistas.

El oficial mencionó que son varias las acusaciones judiciales que enfrentan los policías, por lo que hacen un pedido de forma general para que se “escuche su voz” y se dé el trámite correspondiente.

“Queremos que haya equidad, porque las personas que nos agredieron ya fueron amnistiadas, y a quienes defendimos al pueblo, a sus bienes, a la institución, queremos que no se nos encause”, recalcó Camacho.

En respuesta, el asesor jurídico de Guadalupe Llori, Julio César Sarango, aclaró que los ecuatorianos están “sometidos bajo el paraguas de la ley” y en este caso, los oficiales “tienen que cumplir los requisitos para que se trate su pedido; es decir, presentar caso por caso” los que estén siendo tramitados en los tribunales de justicia.

En tanto, los generales apelan a alcanzar el mismo trato que tuvieron los 268 ciudadanos que fueron amnistiados por la Asamblea Nacional, la madrugada del 10 de marzo de 2022.

Ese día, con 99 votos de los asambleístas de los bloques de Unión por la Esperanza (UNES), de Pachakutik (PK) y de algunos independientes se aprobó un paquete de 268 amnistías, de las que más de 60 se otorgaron a personas que enfrentaban procesos legales por su participación en dichas manifestaciones.

Entre ellos, están dirigentes de la Conaie como Leonidas Iza y el expresidente Jaime Vargas, quienes eran procesados por delitos como secuestro y terrorismo; así también 27 personas que eran investigadas por ser los presuntos responsables del incendio a las instalaciones de la Contraloría General del Estado.

En el listado también constan actores políticos del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Paola Pabón, actual prefecta de Pichincha, y el parlamentario andino Virgilio Hernández y uno de los militantes Christian González.

Fuente: El Universo