La tarde de este martes 12 de julio, el juez Carlos Cárdenas ordenó la suspensión temporal de las actividades mineras que la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) mantiene en la zona sur de la provincia del Azuay. La falta de una consulta previa libre e informada a la población fue el argumento principal para paralizar el proyecto Loma Larga, conocido también como Quimsacocha.
La audiencia para resolver la acción de protección se cumplió en el Complejo Judicial del Azuay y participaron varios actores sociales y políticos. Unos abogaban a favor del Estado ecuatoriano, otros por DPM y un tercero por las comunidades. Al final se determinó que al existir en la zona de influencia como Tarqui o Victoria del Portete poblaciones indígenas, se debió cumplir con la Constitución en donde se manda que antes de iniciar una fase de extracción minera se debe hacer la consulta, situación que no se cumplió para las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal, emplazadas en los cantones San Fernando, Girón y Cuenca dentro de un territorio aproximado de 9.000 hectáreas.
El equipo jurídico de las comunidades estuvo liderado por el exprefecto del Azuay y excandidato la Presidencia de la República Yaku Pérez, quien calificó a esta decisión como un triunfo para quienes desde hace más de 30 años defienden las fuentes hídricas que alimentan a los ríos Tarqui y Yanuncay.
Aunque el fallo es apelable ante la Corte Provincial y Nacional de Justicia, Pérez aseguró que esto sienta un segundo precedente en la provincia, pues recordó que en 2018 también por decisión judicial se suspendió el proyecto Río Blanco, localizado en la parroquia Molleturo.
Por ahora la sentencia no es notificada por escrito a las partes y una vez que esto ocurra se analizará una potencial apelación y los alcances de la resolución, mencionó el presidente de la Cámara de Minería en Azuay, Patricio Vargas.
Desde su perspectiva, el aspecto técnico –en donde se incluyen las técnicas para no contaminar el agua– fue solventado con éxito por la minera, pero la controversia está en la consulta a la población cercana porque existe un censo en el que la gente del lugar se declara mestiza y no indígena, por lo que no cabría este argumento. De ahí que para Vargas la principal afección es la credibilidad del país para recibir inversión extranjera, pero también el repunte de la minería ilegal.
La compañía canadiense DPM pretendía invertir en el proyecto Loma Larga alrededor de $ 408,5 millones, según información publicada en medios el 30 de mayo pasado.
Fuente: El Universo
