Informe sobre el paro de 2022 recomienda juicio político contra dos Ministros

0
687

Con la recomendación de juicio político en contra de los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, concluyó la investigación sobre el paro de junio de 2022 en la Comisión de Garantías Constitucionales.

El informe, que no tiene carácter vinculante, fue aprobado por unanimidad en esta mesa parlamentaria, controlada por Pachakutik y el correísmo, y pasará al Pleno para una resolución después de la vacancia legislativa.

Entre las conclusiones del documento constan que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.

Se menciona que algunas actuaciones de los militares se dieron antes de que el presidente Guillermo Lasso decretara el estado de excepción.

Paola Cabezas (Unes), integrante de la comisión, aseguró que las autoridades del Gobierno no proporcionaron información que demuestre que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico.

“Nos dejan algunos vacíos frente a la información entregada especialmente por el director de Inteligencia, Fausto Cobo, quien dice que es reservada”, anotó Fernando Cabascango (PK), presidente de la Comisión.

“Este paro realizado en junio del 2022 es resultado de unas mesas de diálogo con el Gobierno, que no han dado resultados”, acotó.

El informe, además, recomienda que el Gobierno Nacional elabore y aplique políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables.

Asimismo que, a través de los ministerios, promueva el derecho a la protesta social, a la resistencia por parte de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Los asambleístas pidieron a los Ministerios del Interior y de Defensa que inicien los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de policías y militares que ejecutaron acciones que vulneren los derechos humanos y se remita los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, para que inicien la investigación que permita la sanción a las prácticas que menoscabaron los derechos de los manifestantes.

También conmina a la Fiscalía a que inicie las investigaciones respecto de las causas de los ciudadanos que perdieron la vida durante el paro nacional. Sin embargo, tras la información recabada y varias comparecencias, no se determinó un número exacto de víctimas, reconoció Cabezas.

Fuente: El Comercio