El Frente Parlamentario Anticorrupción, integrado por una docena de asambleístas, pidió al Gobierno de Guillermo Lasso que declare en estado de excepción a las zonas afectadas por la minería ilegal en el país.
El propósito es que el Estado recupere el control de los territorios “que están siendo sistemáticamente afectados por la explotación ilícita de minerales”, dice un oficio remitido por el grupo al Primer Mandatario.
Así también consideran que esta medida servirá para controlar el tráfico de combustibles, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, tráfico ilícito de armas de fuego y limitar la expansión de los grupos delictivos a nuevas áreas de explotación ilícita.
Entre otros suscriben el oficio los presidentes de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela (BAN); de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), así como varios asambleístas de Pachakutik como Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, quienes componen el Frente.
En el documento se identifica a Napo, Orellana, Azuay, El Oro, como las provincias más afectadas por la minería ilegal. «Lo que está ocurriendo en el país es un crimen ambiental. Además, existe evidencia de vínculos con el narcotráfico», sostuvo Villavicencio.
Los legisladores señalan que en la actualidad se conoce de, al menos, dos modalidades de operación de minería ilegal en el país: minería a cielo abierto en “cauces y márgenes de un río”; y, labores subterráneas en galerías, piques y chimeneas.
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, refieren, la minería ilegal ha generado daños a las riberas de los ríos Guanache y Gala afectando ecosistemas, destrucción y contaminación de recursos suelo, agua entre otros; además, este cantón azuayo tiene un alto índice de violencia relacionado a la actividad minera ilegal.
Así mismo, mencionan que en la provincia del Napo se evidencia un crecimiento acelerado de actividades de extracción ilegal en los sectores de Naranjalito, Anzu la Victoria, Pioculín, Nueva Jerusalén, Ilayacu, Limonchicta, San Rosa, Shiguayacu, Ila Yacu, Puma Rumi, Zapallo.
Agregan que en el sector de Yutzupino fueron afectadas 121 hectáreas en 2021, cuando los resultados del muestreo de suelo determinaron la presencia de elementos como el cadmio, cobre, mercurio, zinc, que sobrepasan los parámetros tolerables.
También alertan que al menos 14 empresas mineras que operan en Zaruma habrían proporcionado a la Superintendencia de Compañías “información que no es real” en cuanto a sus utilidades. Se trata de otro cantón afectado por la minería ilegal, donde esta semana se registró un nuevo hundimiento en la zona poblada, debido a socavones.
Fuente: El Comercio
