La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este sábado con 104 votos a favor el informe en el que se recomienda iniciar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En realidad, solo se necesitaban 70 votos. De esta manera los grupos políticos comienzan a medir si tendrán o no el apoyo en el legislativo ante una posible censura y destitución del presidente de la República por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado y la administración pública.
En una acalorada sesión que se extendió por seis horas, los legisladores expusieron sus razones para enjuiciar al primer mandatario. Partió del informe que presentó una comisión legislativa que investigó los supuestos vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera y su amigo cercano Rubén Cherres, con el narcotráfico y una red de corrupción que se tejió a través de sobornos por contratos en las empresas públicas estratégica como la petrolera estatal, telecomunicaciones y la de electricidad. Los creadores del informe acusan a Lasso de haber propiciado a través de cambios normativos la instalación de esa estructura de corrupción, de haber conocido sobre los presuntos actos ilícitos y no haber denunciado. En lo judicial, la Fiscalía también ha abierto una investigación sobre este caso.
Pero el informe que se debatió no es vinculante, ni tiene valor jurídico. El trámite que sigue es que un asambleísta, con la firma de otros 46 legisladores, deberá presentar la solicitud de juicio político por escrito al presidente de la Asamblea, en el que deberá adjuntar la formulación de cargos y las pruebas. Desde ese momento comienza oficialmente el trámite del juicio político contra Lasso. El Consejo de la Administración Legislativa verificará que se cumplan los requisitos para remitir el caso a la Corte Constitucional. En este organismo recae la tarea de revisar si los tipos de infracciones previstas como causales de juicio político están en la solicitud. Si la Corte Constitucional no lo aprueba, el proceso se archiva, pero si lo admite, pasará de nuevo a la Asamblea para el inicio del procedimiento. Ahí se requerirán 92 votos favorables para su destitución.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha salido a dar la postura del Ejecutivo. Denuncia que, en el fondo, el informe “es un acomodo de retazos y rectificaciones en el que han dejado afuera a personajes que debían ser investigados”, dijo en referencia a que el documento aprobado menciona hechos en los que participaron miembros del correísmo y que sus nombres no aparecen en el informe, además, que el documento cita información publicada en Twitter por un medio digital que después fue desmentida por su autor y pidió disculpas por la falta de rigurosidad en el proceso de verificación.
“Pretender de forma perversa fabricar una fábula para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la República, no es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización”, agregó Cucalón en un video compartido en redes sociales. No comunicó si el presidente evalúa las opciones que la Constitución le otorga a él, como decretar la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea, una decisión que también requiere el visto bueno de la Corte Constitucional.
Fuente: El País
