En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se espera que la Corte Constitucional dirima en el conflicto por la conformación de una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de transición (CPCCS-T).
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, se pronunció este miércoles, 6 de septiembre, respecto del seguimiento de cumplimiento de sentencia interpretativa que activó la Corte Constitucional, por el cual se blindaron las actuaciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición entre el 2018 y junio del 2019.
Ello, luego que un juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimís, aceptó una acción de protección interpuesta por una ciudadana que solicitó la integración de una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del extinto pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
El juez resolvió que esta veeduría se encargue de “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018″.
En declaraciones públicas, este miércoles, Vera aseguró “no hay forma” de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda destituir o remover a los jueces constitucionales.
“Ha salido (información) de que nos queremos ‘comer’ a la Corte Constitucional. Es falso. Bajo ninguna consideración se puede pensar o generar una destitución. Somos respetuosos, aunque no estemos de acuerdo”, afirmó Vera.
Descartó que él como presidente del Consejo, el pleno o algún otro consejero haya conocido o solicitado la conformación de esta veeduría ciudadana y, que al contrario, fue solicitud de la ciudadanía.
“No se ha conformado ninguna veeduría para revisar los actos del trujillato. Como pleno, no tenemos que conocer la sentencia”, refirió.
Vera tildó de “indelicado” que la Secretaría Técnica de la Corte haya solicitado documentación respecto del proceso judicial, pues la Unidad Judicial de Manabí debe remitir el expediente.
No obstante, exhortó a los jueces constitucionales a que aclaren esta “antinomia” jurídica, porque se encuentran ante una “situación difícil”. Pues, si no cumplen la sentencia del juzgado de Manabí incurrirían en un delito y bajo el riesgo de destitución.
“¿Qué quieren que hagamos? Que cumplamos o no cumplamos. La Corte debe responder cómo vamos a aplicar el artículo 204 de la Constitución”, relacionado con el control social a las actuaciones del poder público.
“Ellos generaron este problema. Hasta dónde llega la cobertura de este blindaje. Que nos digan si el artículo 204 de la Constitución está derogado (…) porque se estaría vulnerando el derecho de participación”, indicó.
La autoridad del CPCCS aclaró que no pueden detener el proceso de constitución de la veeduría ciudadana, pero en el caso “hipotético” en que esta instancia llegaría a integrarse “no acatarían” sus recomendaciones.
Esto, debido a que desde el lunes 4 de septiembre y hasta el 11 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana publicó la convocatoria a la ciudadanía para que se inscriba para participar en esta actividad.
Vera informó que luego de la apelación -que fue planteada por la Procuraduría General del Estado- y a la que se habría sumado el CPCCS como demandado, el fallo de primera instancia dictada por el juez Quimis subió para conocimiento de la Corte Provincial de Manabí.
Fuente: El Universo
