La juez de la Corte Constitucional Teresa Nuques convocó para el 26 de septiembre de 2023 a la audiencia para analizar el decreto- Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas firmado por el presidente Guillermo Lasso.
Mientras tanto, la propuesta sigue sumando cuestionamientos. Este 19 de septiembre Unidad Popular (UP) presentó un amicus curiae para ser parte de la audiencia y demostrar que lo planteado por el Gobierno es «regresivo».
El director de esa organización política, Geovanni Atarihuana, dijo que, entre otras cosas, con este decreto se quiere legalizar la disminución progresiva del presupuesto de educación y salud.
«No es lo único. Quieren perjudicar a los afiliados y jubilados, porque el presidente pretende eliminar los intereses de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): mil millones de dólares», señaló.
Previo a la audiencia, la jueza Nuques solicitó al Ejecutivo y otras entidades involucradas que presenten, a través de un informe, la motivación y razones por las que este decreto debería ser tratado como urgente en materia económica.
Además, por qué considera que esta normativa no podría ser tratada por la nueva Asamblea Nacional, que se posesionará en diciembre y, en su lugar, debe ser abordada por la Corte Constitucional.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también presentó un amicus curiae en días pasados. Además de las preocupaciones expuestas por UP, lo trabajadores rechazan que se pretenda reducir a un tercio el aporte estatal para atender enfermedades catastróficas, como propone la norma.
Aunque la diligencia ha sido convocada por medios telemáticos, tanto el FUT como las organizaciones que conforman el Frente Popular han anunciado movilizaciones para ese día, que se podrían extender si no se desecha la propuesta de Lasso.
Reclamo de cangrejeros
Asociaciones de recolectores del cangrejo marcharon este 19 de septiembre de 2023 a Quito para entregar en la Corte Constitucional un reclamo contra la Ley de Gestión de Riesgos que fue presentada por el presidente Lasso.
Geovanni López de la Asociación de Cangrejeros 6 de julio de Guayaquil aseguró que esta normativa pretende entregar los manglares a las empresas camaroneras lo que tendría un doble impacto, según el dirigente.
«Por un lado, quienes nos dedicamos a esta actividad y sostenemos a nuestras familias con ella ya no podríamos acceder a zonas que son públicas. Pero también en lo ambiental, porque el manglar es un pulmón y protege a varias especies», señaló.
El objetivo de los cangrejeros es que su reclamo sea escuchado por los jueces constitucionales cuando se analizada en una audiencia pública.
Fuente: Expreso
