En marzo o abril los ecuatorianos asistirán nuevamente a las urnas para pronunciarse sobre una consulta popular y referéndum en materia de seguridad y empleo, planteada por el Gobierno nacional, cuyo costo se evalúa por los $ 54 millones.
A este valor, se suma que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una deuda con el Consejo Nacional Electoral (CNE), por $ 10,5 millones de la organización de los comicios seccionales de febrero y de las presidenciales y legislativas de agosto y octubre de 2023.
El CNE tendría pendiente pagar a proveedores de servicios, de trabajadores bajo contratos ocasionales, a los medios de comunicación por la difusión de promoción electoral, entre otros.
Apenas dos meses pasaron de que 13,4 millones de ecuatorianos participaron de las elecciones presidenciales anticipadas de octubre pasado y se preparan para un nuevo proceso electoral previsto para la primera semana de marzo, según las cuentas del presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
Una vez que la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan complementar el trabajo de la Policía Nacional contra el crimen organizado, empezarán a transcurrir los plazos para organizar el proceso electoral.
Esta reforma constitucional fue propuesta por el expresidente Guillermo Lasso y tuvo dictamen afirmativo de la Corte Constitucional (CC) y se aprobó con 125 votos de los asambleístas el 21 de diciembre. Ahora debe pasar un nuevo control constitucional y de ser aprobado, que el electorado vote sí o no, si quiere que los militares apoyen las labores contra la delincuencia.
De su lado, el gobierno de Daniel Noboa Azín aprovechará de esta coyuntura para empatar su iniciativa de consulta popular que está elaborándose que incluiría preguntas sobre cambios en el sistema judicial y medidas para promover condiciones de empleo.
El primer mandatario enviaría en las siguientes horas el texto de consulta popular a la Corte Constitucional para que califique su constitucionalidad y pueda votarse la primera semana de marzo, ha dicho en una declaración divulgada en la red social X de la Presidencia de la República.
Para llegar a este momento, la Asamblea, la Corte Constitucional y el Palacio de Gobierno medirán los tiempos y hacer coincidir los dos procesos para alivianar los gastos que implica el desarrollo de los comicios, que ascenderían a los $ 53 o $ 54 millones, se informó extraoficialmente.
En un inicio, Daniel Noboa había pensado que su consulta se haga a finales de febrero, pero no alcanzaron los tiempos, pues requería haber tenido listas las preguntas a mediados de diciembre.
Los cálculos llevan a pensar a las autoridades que podrían tener listo el proyecto eleccionario para que se vote entre marzo y abril.
El artículo 442 de la Constitución señala que tras el trámite de aprobación de la propuesta de referédum vía enmienda en el Legislativo, «se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes».
Mientras, el artículo 104 de la misma norma permite que el Ejecutivo convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes; no obstante, requerirá del dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional.
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Cumplido ese trámite, Noboa podrá remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el decreto ejecutivo con el contenido de su propuesta y convocará en el plazo de quince días a referéndum y consulta popular que deberán hacerse en los siguientes 60 días.
Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (LOGJ) ordenan que cuando la enmienda o reforma se tramite a través de un referendo, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria a elecciones en la que se verifique, por ejemplo, que haya garantía plena de la libertad del elector y el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
De igual forma, los considerandos que anteceden el cuestionario deben pasar este filtro para que no induzcan las respuestas al elector; haya concordancia entre las preguntas; un lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector.
La ley da un plazo de 20 días para que los jueces emitan su dictamen de constitucionalidad, sobre el considerandos, las preguntas y los anexos.
Propuestas en análisis
En el campo laboral, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dejó entrever que el debate al interno del Gobierno abordaría ejes como el contrato a plazo fijo y el trabajo por horas.
«En el Ecuador es necesario retornar al contrato a plazo fijo y dejar a un lado el contrato a plazo indefinido como contrato único. Este contrato es rígido y ve solo una parte de la situación laboral y no ve la otra», expresó Núñez en una entrevista en radio Centro de Quito de este 22 de diciembre.
A su criterio, se requeriría «por la dinámica de la economía nacional volver a institucionalizarlo».
Respecto de la contratación por horas, cree que sería una posibilidad para generar plazas de empleo, que incorpore mejorar las condiciones laborales, ya que recordó que la Constitución actual prohíbe esta modalidad al considerarla como ‘precarización laboral’.
En todo caso, el texto sigue en debate en conjunto con el presidente Noboa, indicó la secretaria de Estado.
A propósito de este proceso electoral en proceso, el colectivo de la sociedad civil, Voces por la Democracia presentó una propuesta al Gobierno de diez preguntas para la consulta popular, relacionadas con la designación de autoridades de control; nuevo mecanismo para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura; evaluación de jueces, fiscales y servidores judiciales; sistema de partidos políticos, entre otras.
Fuente: El Universo
