Con una mega intervención en Socio Vivienda, la Policía Nacional inició un plan interinstitucional para revertir la propiedad de inmuebles apropiados de forma ilegal por cuatro bandas terroristas en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.
En el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, hay unas 100.000 viviendas. Se trata de una pequeña ciudad, en el margen extremo de la urbe. Allí, según la Policía, el 50% de familias sufre extorsión, mientras se estima que 5.000 familias terminaron desplazadas.
Se trata de una realidad que la Policía Nacional, en cooperación con Fuerzas Armadas, intenta revertir como parte de un plan interinstitucional que incluye a ministerios, a la empresa Pública Municipal de Seguridad Segura EP y proveedoras de servicios básicos.
El plan comenzó con una mega intervención con 850 uniformados, que incluyó 120 allanamientos, este jueves 15 de febrero de 2024 en Socio Vivienda, parte del distrito.
El operativo terminó con una veintena de detenidos, el decomiso de armas (incluido un fusil) y la desocupación de 70 casas apropiadas de forma ilegal por Los Tiguerones. Además, la Empresa Eléctrica CNEL EP cortó la energía eléctrica y retiró los medidores de las viviendas.
“Se les quita la energía porque la ocupación es ilegal, hasta que los propietarios puedan retomar el poder de sus casas”, informó el teniente coronel Francisco Hernández, jefe de Policía Judicial Zona 8. El delito es el de desplazamiento e inviolabilidad de domicilio, dijo.
Intimidación y asesinato por Los Tiguerones
El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe de Policía del distrito Nueva Prosperina, sostuvo que los propietarios, asistidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, denunciaron el desplazamiento.
Según el oficial, la banda criminal Los Tiguerones despojó de los inmuebles a los propietarios originales del antiguo plan de vivienda social estatal, con intimidación armada e incluso a través del asesinato, en ciertos casos, dijo.
“Hay propietarios que han tenido la valentía de denunciar. Pierden el miedo porque estamos afectando actividades criminales y ven que el desorden impera entre estas organizaciones”.
Roberto Santamaría, jefe policial.
Se espera revertir la propiedad de los inmuebles a más familias desplazadas, en fases posteriores del plan. Y ya no solo en Socio Vivienda, sino en sectores del distrito como a orillas del denominado Canal de la Muerte (trasvase Daule-Chongón) y en Monte Sinaí.
Unas 5.000 familias resultaron desplazadas desde la pandemia como resultado de las actividades de cuatro bandas terroristas en el distrito, confirmó el oficial.
Mientras que hasta un 50% de las familias en el distrito está pagando extorsiones de entre USD 1 y USD 2 a la semana, con un cobro mayor para tiendas pequeñas (USD 10), en tanto que se aplican vacunas extorsivas por igual a tricimotos, buses o distribuidores de alimentos.
Solo Socio Vivienda cuenta con 3.000 viviendas susceptibles al despojo. Se teme que el desplazamiento forzado haya afectado a muchas más familias; 70 propietarios han perdido el miedo y han “recuperado la confianza” para denunciar el delito, dijo el coronel.
Canal de la Muerte y Monte Sinaí, afectados
En Socio Vivienda, Los Tiguerones identificaron las casas menos accesibles, escondidas, para apropiarse de ellas por la fuerza y convertirlas en centros de detención de personas secuestradas, laboratorios de microtráfico o en bodegas de drogas y objetos robados.
Esta organización criminal tiene el control de Socio Vivienda y logró desplazar a quienes se enfrentaron en su momento en el sector: Los Águilas. Pero ahora, tanto Los Tiguerones, Los Fatales y Los Águilas están aliados a una sola estructura bajo el ala de Los Choneros.
En tanto, a orillas del trasvase Daule-Chongón y en Monte Sinaí, en Guayaquil, también se investiga el despojo de viviendas, pero además hay otro tipo de caracterización.
Las bandas criminales se apropiaron de terrenos en zonas alejadas, construyeron casas de caña, «aprovechándose de la marginalidad y de las dificultades de acceso vehicular«, según Santamaría, para llevar en motocicleta a personas secuestradas hasta estos lugares.
“Vivo hace 10 años en Socio Vivienda, esto era tan tranquilo que uno se sentaba de noche en la vereda, ahora vivimos encerrados. A partir de la pandemia todo empeoró”.
Habitante de Socio Vivienda
El propietario de un local comercial en Socio Vivienda evaluó como positivas las intervenciones, aunque reconoció que las extorsiones continúan. Comerciantes han instalado dos veces cámaras de seguridad en la calle, pero en la noche desaparecen.
Además, solicitó que los policías regresen a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), destruida por Los Tiguerones y abandonada por la Policía tras los ataques terroristas en Guayaquil del 9 de enero.
“Había solo cinco policías, pero su sola presencia ya impone algo de respeto”, dijo.
Este es el plan para Socio Vivienda
El plan para prevenir el desplazamiento y el despojo de casas a sus propietarios en Socio Vivienda se estructura en las siguientes fases, según la Policía:
- Primera Fase: Esta fase implica la expulsión de las bandas criminales que han invadido viviendas y despojado de sus inmuebles a los propietarios originales. El personal de la Empresa Eléctrica Cnel EP retira los medidores y también se cortarán los servicios básicos para que las viviendas queden inhabilitadas, de forma momentánea.
- Segunda Fase: En esta fase se busca intervenir con un censo en Socio Vivienda en colaboración con las carteras de Estado. El objetivo es constatar que cada una de las casas pertenezca a su propietario original.
- Tercera Fase: Esta instancia tiene como objetivo devolver las viviendas a sus propietarios legítimos. Se implementará un plan de prevención del delito, que incluye la instalación de botones de seguridad y alarmas comunitarias. En caso de que estructuras terroristas pretendan volver a las viviendas, se coordinarán nuevos esfuerzos y operativos a fin «romper con la estructura criminal».
Además, se requiere proveer servicios al sector a fin de contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en un sector deprimido -con unos 47.000 habitantes en tres etapas-, que luce con las calles desoladas debido al crimen organizado.
Segura EP ofreció su contingente para recuperar espacios públicos, aplicar programas sociales y apoyar en el plan de prevención del delito.
Fuente: Primicias
