La Procuraduría General del Estado presentó una acción extraordinaria de protección para suspender el pago de aproximadamente 4,4 millones de dólares que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debía realizar al centro de tratamiento de adicciones CETAD 12 Pasos, en Cuenca. La clínica asegura que la deuda es legítima y se basa en sentencias judiciales previas.
La controversia se originó a partir de una factura emitida por CETAD 12 Pasos al IESS por el tratamiento de 263 pacientes durante seis meses. Gustavo Valencia, representante legal de la clínica, señaló que la deuda corresponde a servicios prestados entre 2013 y 2016 y que el cobro fue autorizado por la Corte Provincial del Azuay en 2018, ratificado luego por la Corte Nacional tras un recurso de casación del IESS. Incluso una acción de protección extraordinaria fue inadmitida por la Corte Constitucional en 2019. Valencia afirmó que el monto real adeudado es de 2,7 millones de dólares, y no los 4,4 millones reportados, y que los valores se basan en el tarifario oficial del Ministerio de Salud Pública de 2013.
Valencia consideró que la intervención de la Procuraduría tiene motivaciones políticas y estaría influenciada por el asambleísta Adrián Castro, quien solicitó investigaciones sobre los centros de adicciones. Aclaró que todos los procesos judiciales han sido transparentes y que CETAD 12 Pasos mantiene la máxima calificación de calidad otorgada por la ACESS.
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El representante legal también defendió a la asambleísta Camila León, señalada en algunos comentarios por el caso, y lamentó que se le involucre sin consulta previa. “Soy simpatizante del presidente Daniel Noboa y la máxima autoridad y representante del Ejecutivo en la ciudad es Camila León. Me entristece que el asambleísta Castro, teniendo confianza conmigo, no haya conversado directamente antes de emitir señalamientos”, dijo Valencia.
