Cuenca. – La polémica sobre la operación de plataformas de transporte como Uber en la capital azuaya se intensifica. Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (ASOCONAPPE), refutó las recientes declaraciones del alcalde de Cuenca y las autoridades de movilidad, quienes sostienen que se necesita una reforma de la Asamblea Nacional para regular el servicio y que, mientras tanto, los operativos de sanción son legítimos.
En una entrevista concedida a La Voz del Tomebamba, Garcés calificó de «completamente falso» que las autoridades locales tengan la facultad actual de sancionar a los conductores de aplicaciones, amparándose en un reciente dictamen de la Corte Constitucional.
El argumento legal: La sentencia de agosto
Según Garcés, desde agosto de 2024 existe el dictamen 106-20-IN/24 de la Corte Constitucional. Este fallo declara una «constitucionalidad condicionada» respecto a la prohibición de realizar un servicio distinto al autorizado.
“La sentencia indica que sancionar será constitucional siempre y cuando se prevea una regulación para que las personas puedan obtener dicha autorización. Al no existir actualmente una vía para regularizarse, no se puede sancionar”, explicó Garcés. El dirigente enfatizó que ninguna ordenanza municipal puede estar por encima de un fallo de la Corte Constitucional, aludiendo a la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía de las leyes.
Advertencia a las autoridades
El representante gremial fue enfático al señalar que los operativos realizados en Cuenca, que incluyen la retención de vehículos por siete días y fuertes multas económicas, podrían constituir un abuso de poder.
“Iniciamos acciones de incumplimiento. Las autoridades no pueden irse en contra de una sentencia de la Corte. Podrían enfrentar cargos basados en el artículo 282 del COIP por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lo que conlleva destitución del cargo e incluso prisión de uno a tres años”, advirtió Garcés.
El precedente de Quito y la naturaleza del servicio
Garcés utilizó el ejemplo de Quito, donde aseguró que, tras el fallo constitucional, se suspendieron los operativos dirigidos específicamente a sancionar el uso de aplicaciones, limitándose ahora a controles técnicos y de documentos generales de tránsito.
Asimismo, aclaró la naturaleza de su trabajo: “Nosotros no hacemos transporte público (como los buses) ni comercial (como los taxis). Lo que realizamos es un alquiler de vehículo privado con conductor, una figura que no está prohibida ni regulada”.
Seguridad y tarifas
Frente a las críticas sobre las tarifas dinámicas y la seguridad, Garcés defendió el modelo de negocio:
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Tarifas: Son establecidas por la aplicación en base a oferta y demanda, y el usuario las acepta antes de abordar.
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Seguridad: Las apps cuentan con monitoreo de viaje en tiempo real y botones de pánico, además de la trazabilidad de datos del conductor, algo que, según él, facilita las denuncias en comparación con el taxismo tradicional.
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Impuestos: El gremio manifestó su total disposición a pagar impuestos y emitir facturas una vez que se establezca la regularización, recalcando que, a diferencia de los taxis, ellos no reciben subsidios de combustibles ni exoneraciones vehiculares.
ASOCONAPPE informó que ya ha ingresado una propuesta de regularización a la Asamblea Nacional y que procederán a impugnar las sanciones impuestas a sus agremiados en Cuenca.
