El bloque oficialista ADN presentó una propuesta de enmienda constitucional para excluir a las personas privadas de la libertad (PPL) del listado de grupos de atención prioritaria contemplado en los artículos 35 y 51 de la Constitución. Sin embargo, para el docente de derecho constitucional Sebastián López, esta iniciativa “no tiene viabilidad jurídica” y está destinada a ser archivada por la Corte Constitucional.
López explicó en La Voz del Tomebamba que la Corte ha sido clara en su jurisprudencia: los grupos de atención prioritaria —entre ellos niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y también PPL— no pueden ser modificados vía enmienda constitucional, que es el mecanismo más laxo de reforma. “Cualquier cambio que afecte sus derechos implica necesariamente un procedimiento más riguroso”, dijo.
Recordó que toda propuesta de enmienda debe pasar por un dictamen previo de la Corte Constitucional, que determina si corresponde una enmienda, una reforma parcial o una Asamblea Constituyente. “Ya existe jurisprudencia suficiente. Esta discusión es estéril y no aporta a la agenda nacional”, afirmó.
El experto señaló que el error de ADN radica en desconocer principios básicos definidos por la Corte acerca del alcance de la categoría “grupos de atención prioritaria”. Aclaró además que el tratamiento prioritario para las PPL no implica preferencia en servicios públicos frente a otros grupos. “La prioridad se refiere únicamente al contexto de la privación de libertad. El Estado, al detener a una persona, asume la responsabilidad plena por su integridad”.
López también cuestionó que la Asamblea dedique tiempo a temas “irrelevantes” en lugar de atender reformas urgentes. Citó como ejemplo la propuesta sobre restricciones de la ley seca o cambios menores en el COIP, mientras quedan pendientes debates de fondo sobre la ley de tránsito, la función judicial o la política criminal del Estado.
El constitucionalista señaló que existen cambios posibles y necesarios vía reforma parcial, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o ajustes al funcionamiento de la Asamblea Nacional, siempre que exista consenso político. “El Parlamento requiere una agenda seria y alineada con el pronunciamiento popular”, enfatizó.
Sobre el debate reactivado de la “ley de repetición”, López consideró positiva la iniciativa emanada desde la Procuraduría General del Estado. Recordó que actualmente la repetición solo consta en un capítulo mínimo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. “Se necesitan normas más claras para que los funcionarios responsables respondan por los perjuicios al Estado”.
Finalmente, destacó como un cambio favorable la llegada de Enrique Herrería a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. “Puede dar rigor técnico y evitar que el Ejecutivo envíe proyectos mal formulados o inconstitucionales, como ya ocurrió durante el estado de excepción”, afirmó.
López llamó a que 2025 sea un año de “reformas sustanciales” y no de propuestas inviables que solo desgasten la agenda legislativa.
