El exalcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se pronunció sobre el informe de la Contraloría General del Estado relacionado con el contrato de radares de tránsito, rechazando cualquier responsabilidad de su administración y atribuyendo las observaciones y posibles indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal a la actual gestión municipal.
Palacios explicó que la Contraloría publicó recientemente un informe en el que se cuestiona la terminación del contrato por mutuo acuerdo, decisión adoptada durante la administración del actual alcalde, Cristian Zamora, y que, según el organismo de control, habría generado un perjuicio económico superior a 5 millones de dólares para la ciudad. El informe también fue remitido a la Fiscalía para la investigación de posibles delitos.
Durante la entrevista con radio la Voz del Tomebamba, el exburgomaestre sostuvo que en los exámenes realizados durante su periodo (2021–2022) no se determinaron responsabilidades administrativas, civiles ni penales. Aseguró que el informe identificado como 0014/2023 corresponde a la fase precontractual y contractual de su administración y que, tras los plazos legales, no derivó en glosas ni sanciones.
Palacios señaló que el informe más reciente, que sí establece indicios de responsabilidad, corresponde al periodo comprendido desde septiembre de 2022, es decir, bajo la actual administración municipal. En ese contexto, cuestionó la decisión de terminar el contrato por mutuo acuerdo y afirmó que dicha medida implicó pagos anticipados al consorcio, endeudamiento sin estudios técnicos suficientes y falta de sustentos financieros y jurídicos.
Asimismo, indicó que la Contraloría observó un endeudamiento de aproximadamente 3 millones de dólares, contratado sin la debida aprobación presupuestaria y con una tasa cercana al 9,6%, así como la falta de transparencia en la selección de la entidad financiera.
El exalcalde rechazó las declaraciones del actual alcalde, quien ha calificado el contrato como “trucho”, y negó que durante su gestión se hayan configurado actos dolosos o ilegales. Añadió que el único incumplimiento atribuido a su administración fue un retraso de 143 días en la operación de los radares, el cual —según explicó— se debió a la falta de autorizaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Finalmente, Palacios afirmó que enfrentará cualquier proceso con “tranquilidad” y sostuvo que los informes de Contraloría “le dan la razón”, reiterando que las responsabilidades señaladas recaen en decisiones tomadas por la administración actual.
