Daniel Peñaranda, asesor de la Gobernación del Azuay, negó tener vínculos con actividades mineras, luego de que su nombre fuera mencionado en una entrevista radial como presunto empresario del sector extractivo, en medio del debate por los controles a la minería en la provincia.
En una entrevista con radio La Voz del Tomebamba, Peñaranda aseguró que la empresa en la que figura como socio es una comercializadora de joyas y no tiene como objeto social la exploración ni explotación minera. Señaló que la compañía no registra operaciones comerciales y que no ha solicitado concesiones mineras ante ninguna autoridad competente.
El funcionario atribuyó los señalamientos a una “distorsión política” de la información y defendió la actuación del actual gobierno provincial en operativos contra la minería ilegal, afirmando que se han ejecutado más de 28 intervenciones en el territorio.
No obstante, durante la entrevista se confirmó que la empresa mantiene una estructura societaria activa y que Peñaranda cumple funciones públicas como asesor de la Gobernación, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, especialmente en una provincia marcada por disputas en torno a la minería y la defensa del agua.
Peñaranda sostuvo que su rol en la función pública es de carácter administrativo y territorial, y reiteró su postura contraria a la minería ilegal, mientras el debate público continúa sobre la transparencia y los límites entre la actividad privada y el ejercicio de cargos públicos.
