El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, calificó como un fraude la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que cancela a las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye, bajo el argumento de una supuesta reducción del 50 % de sus adherentes.
Durante una rueda de prensa, Atarihuana aseguró que esta decisión forma parte de un “fraude contra la democracia”, que incluye, según dijo, el adelanto de las elecciones seccionales. Inicialmente previstas para febrero de 2027, el calendario electoral fue modificado y ahora se desarrollarán el 29 de noviembre de 2026.
El dirigente sostuvo que este cambio responde a un supuesto interés del Gobierno por beneficiarse políticamente y buscar la proscripción de fuerzas de oposición. También mencionó el caso de la Revolución Ciudadana, organización que se encuentra suspendida por nueve meses y que no podría participar en los próximos comicios.
Además, denunció que existirían intentos de afectar a autoridades locales que buscan la reelección. “Han intentado eliminar a alcaldes que van a la reelección, como en los casos de Portoviejo, Cuenca y Guayaquil”, afirmó.
Unidad Popular presentará recursos en contra de la cancelación
Atarihuana anunció que Unidad Popular presentará recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). También indicó que acudirán a la Corte Constitucional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que se han vulnerado derechos de participación y el debido proceso: “El Gobierno sueña con quedarse solo en la papeleta”, manifestó el dirigente.
Cuestionó la temporalidad de la resolución del CNE y aseguró que la cancelación de organizaciones políticas está fuera de plazo. Según explicó, el Código de la Democracia establece que estos procesos deben resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones, plazo que afirmó venció el pasado 3 de abril.
CNE defiende cancelación de Unidad Popular y Construye y asegura que garantizó el debido proceso
El Consejo Nacional Electoral (CNE), por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, aseguró que garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso en el procedimiento que derivó en la cancelación de las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye, por no cumplir con el número de afiliados.
En el comunicado, el organismo electoral detalló que el proceso se sustentó en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia, y que se otorgó a ambas organizaciones un plazo legal de 10 días para presentar la documentación que respalde el número de afiliados y adherentes permanentes exigidos por la normativa.
Esto pese a que el movimiento Unidad Popular señaló que recibió una copia certificada con la nómina de desafiliaciones registradas desde junio de 2020. De acuerdo con esta información, se contabilizan 1 483 personas desafiliadas en un periodo de seis años.
Unidad Popular indicó que esta cifra representa el 0,7 % del total de sus afiliados. En ese sentido, sostuvo que no existirían las 175 mil desafiliaciones, equivalentes al 50 % del padrón, argumento que habría utilizado el CNE para iniciar el proceso de cancelación.
Fuente: Ecuavisa
