Las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y grupos defensores de los derechos humanos presentaron a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento frente al veto presidencial a la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación. Lo hicieron este miércoles 30 de marzo de 2022.
Angélica Porras, abogada y miembro de Acción Jurídica Popular, dijo que el veto presidencial incumple todos los parámetros establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos de violación, así como del auto de aclaración de esa misma resolución.
Por ejemplo, explica que en ese auto de aclaración se impide que a través de la Ley se obstaculice el acceso al aborto. El veto exige que las personas que han sido violadas y quieran acceder a la interrupción del embarazo presenten una denuncia penal o una declaración juramentada ante un notario. Porras señala que esto está prohibido porque obstaculiza el acceso al aborto.
“Uno se pregunta por qué el Presidente no denunció los chantajes de los que fue objeto y obliga a las niñas y adolescentes violadas a que lo hagan. Además, este veto tiene la opinión particular del Presidente de la República, su opinión específica con base en sus creencias religiosas y esas son las que plasma en el veto. Es decir, criminaliza, estigmatiza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. tras haber sido violadas”, sostiene la abogada.
La acción de incumplimiento presentada argumenta que el Presidente incumplió en el veto los estándares de la Corte, indica Porras. A la par, señala que dentro de esa acción se encuentra el pedido de una medida cautelar, que consiste en que se suspendan los plazos que están corriendo para impedir que la norma entre por el Ministerio de la Ley y para que se devuelva el veto al Presidente y que este se atenga a los criterios establecidos por la Corte.
Lo primero que tiene que hacer el Alto Tribunal es decidir sobre las medidas cautelares, manifiesta la abogada. “Esa es una exigencia urgente porque no podemos dejar que pase el tiempo que tiene la Asamblea para que pase por el Ministerio de la Ley. La Corte debe llamarnos a audiencia para que nosotros podamos exponer ampliamente números, casos de mujeres que están poniendo en peligro su vida por este veto. Posterior a eso tiene que decidir si hay incumplimiento o no”.
Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, contó que la presentación de la acción de incumplimiento se decidió en el Encuentro Nacional de Mujeres, realizado el 26 de marzo, y en el que participaron 170 de sus representantes de 15 provincias del Ecuador.
“El presidente Lasso ya incumplió porque ya presentó un veto criminal, antiético, que humilla a las mujeres, que promueve la muerte, la corrupción y la vulneración de los derechos, cuando la Corte Constitucional le dijo que debía ser una Ley que proteja a las víctimas”, sostiene la médica feminista.
Sinchi Gómez, del colectivo Trenzando Feminismos, consideró que el veto presidencial es regresivo de derechos. “No reconoce la desigualdad que vive nuestro país y ratifica la discriminación a mujeres de pueblos y nacionalidades, racializadas, empobrecidas. A las niñas de las comunidades este veto les afecta directamente”.
La activista Gómez dijo que seguirán realizando acciones de movilización y permanecerán vigilantes de lo que está sucediendo. “Llamamos a la sociedad civil a que se junte en este momento histórico que estamos viviendo, en el que la opinión personal de un Presidente puede estar atentando contra la vida y la dignidad de las víctimas de violación”.
Por su parte, la representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Rocío Rosero, dijo que las mujeres están en resistencia en todo el país. “Le decimos no a Lasso, le decimos no a los antiderechos”.
Fuente: El Comercio
