La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría DPA-0065-2025, en el que se identifica indicios de responsabilidad penal, así como responsabilidades civiles por USD 5’486.799,02 y sanciones administrativas por USD 73.050.
El estudio realizado por el organismo corresponde al examen especial efectuado al contrato entre la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) y el Consorcio Móvil Technology Ecuador. El documento analiza la implementación de dispositivos tecnológicos para el control de infracciones de tránsito en la autopista Cuenca–Azogues y zonas urbanas, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025.
La auditoría determinó que los dispositivos de control iniciaron operaciones con un retraso de 143 días debido a la falta de gestión de los administradores del contrato, quienes no realizaron las inspecciones ni las pruebas preoperativas en los plazos previstos. Además, se identificó que 32 equipos instalados en 16 puntos de la ciudad no fueron comunicados formalmente al consorcio, lo que impidió la ejecución de los procesos sancionatorios por multas de tránsito.
El informe señala que no se cumplió con la homologación de las funcionalidades de los equipos, por lo cual no se comprobó técnicamente que cumplieron con el objeto del contrato. Asimismo, la EMOV EP no notificó al aliado estratégico los incumplimientos relacionados con los montos de inversión establecidos para el segundo año de vigencia de la alianza.
Respecto a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, los auditores determinarán que la decisión se tomó sin informes técnicos, financieros o jurídicos que demostrarán el beneficio para la institución. La repartición de la cartera pendiente de cobro careció de sustento estadístico sobre recaudación, lo que generó un perjuicio de USD 4’887.856,81 por montos no recuperados a favor de la empresa pública.
El examen también revela que la EMOV EP contrajo una deuda pública de USD 3’000.000,00 para pagar obligaciones con el consorcio sin contar con estudios de sostenibilidad o impacto económico. Esta operación financiera generó el pago de intereses por USD 444.772,90 entre septiembre de 2023 y junio de 2025.
Finalmente, la Contraloría identificó que el equipamiento asumido por la empresa carece de políticas de uso, lo que provocó la falta de aprovechamiento de los bienes y su exposición al deterioro. A esto se suma un gasto de USD 154.169,31 por consumo de energía y conectividad de equipos que no reportaron beneficios operativos para la entidad.
