La Secretaría de Infraestructura de la Prefectura del Azuay, liderada por Andrea Brito, se pronunció sobre el conflicto generado en la vía Zhucay–Tutupali, donde un grupo de moradores exige el retiro del peaje mientras otros respaldan su permanencia.
Según explicó la funcionaria, el deterioro actual de la vía se debe principalmente a la intervención realizada por la empresa pública ETAPA EP, que ejecutó la construcción de un interceptor de aguas residuales que afectó aproximadamente 1,7 kilómetros de la estructura vial.
“La obra de alcantarillado atravesó la vía y aceleró su deterioro, aunque ya está concluida”, señaló.
Plan de rehabilitación en riesgo
Como parte de un acuerdo interinstitucional, ETAPA EP aportó 60.000 dólares, mientras que la Prefectura del Azuay asumió una inversión total de 430.000 dólares para la rehabilitación integral del tramo más afectado.
Los trabajos estaban previstos para iniciar en marzo, pero fueron suspendidos luego de que un grupo de moradores retirara las barreras del peaje e impidiera su funcionamiento.
Desde entonces, el cobro —de 30 centavos por tramo— permanece suspendido.
División entre moradores
Brito indicó que el conflicto no representa a toda la comunidad, ya que sectores como Tutupali Grande y transportistas apoyan tanto la ejecución de obras como la permanencia del peaje.
“No son todos los habitantes, es un grupo que no participó en los procesos de socialización y ahora exige eliminar el peaje”, afirmó.
Incluso, denunció que durante reuniones se registraron amenazas por parte de algunos asistentes, lo que ha complicado el avance del proyecto.
Origen del peaje
El peaje en esta vía fue implementado en 2017 mediante ordenanza provincial, con el objetivo de financiar mantenimiento rutinario, como limpieza de cunetas, alcantarillas y bacheo.
Sin embargo, la Prefectura reconoce que la vía ya requiere una rehabilitación estructural completa, más allá del mantenimiento básico.
Llamado al diálogo
La Secretaría de Infraestructura señaló que el contrato para ejecutar las obras ya está firmado con la empresa pública Asfaltar EP, pero su ejecución depende de que existan condiciones de seguridad y se restablezca el sistema de peaje.
“Esperamos que la ciudadanía permita retomar el proyecto para intervenir la vía lo antes posible”, concluyó Brito.
