El caso de femicidio de María Fernanda entra en una fase decisiva. Este miércoles se desarrollará una audiencia clave para la presentación final de pruebas, en medio de cuestionamientos de la familia de la víctima sobre reiteradas suspensiones del proceso y el riesgo de que el acusado recupere la libertad si no se dicta sentencia a tiempo.
Natalie López, hermana de la víctima, denunció que el proceso ha enfrentado múltiples aplazamientos que, a su criterio, han servido para dilatar la causa. La principal preocupación de la familia se centra en la fecha límite del 13 de junio, cuando caducaría la prisión preventiva. “Tenemos temor de que él salga y se fugue o que algo nos pase”, advirtió.
Según la acusación particular, la Fiscalía ha incorporado más de 50 elementos probatorios dentro del expediente. Entre ellos constan pericias forenses, testimonios y rastros biológicos que ubicarían al procesado en la escena del crimen. La familia sostiene que existe evidencia contundente —incluyendo ADN bajo las uñas de la víctima— que contradice la versión del acusado.
En paralelo, López denunció la eliminación de contenido digital relacionado con el caso. Publicaciones, páginas y colectivos que impulsaban la campaña “Justicia para María Fernanda” habrían sido cerrados o restringidos en redes sociales. “Están borrando información y silenciando el caso”, afirmó.
El proceso también ha estado marcado por intentos previos de la defensa para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas, lo que ha incrementado la preocupación de los familiares. Pese a ello, la familia asegura mantener confianza en el sistema judicial, aunque insiste en la urgencia de evitar nuevas dilaciones.
“Mi hermana fue brutalizada, violentada, torturada. No queremos venganza, queremos justicia”, expresó López, quien pidió al tribunal valorar integralmente la evidencia y actuar con empatía ante la gravedad del caso.
El femicidio de María Fernanda ha generado conmoción en Cuenca y ha reactivado el debate sobre la respuesta institucional frente a la violencia de género, así como la necesidad de garantizar procesos judiciales oportunos que eviten la impunidad.
