La Asamblea Nacional, en 2018, desarrolló un efectivo control político, a través del cual más de 400 funcionarios públicos acudieron al Pleno y a las comisiones especializadas, tanto permanentes, cuanto ocasionales, a rendir cuentas de su gestión, en temas como desaparecidos, problemática de la niñez, jubilados, seguridad pública, salud, educación, derechos de las mujeres, entre otros.
Igualmente, legisladores de distintas bancadas y movimientos políticos formularon 2.260 solicitudes de información a las diversas funciones, organismos y entidades estatales, a fin de realizar un seguimiento a la aplicación de políticas públicas encaminadas a satisfacer las demandas ciudadanas, así como la operatividad de la legislación aprobada por la Asamblea.
En cuanto a la fiscalización, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite siete juicios políticos, tres de los cuales -luego de la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, pasaron a conocimiento del Pleno. Se trata de las interpelaciones contra el ex fiscal General, Carlos Baca Mancheno, quien fue censurado y destituido; el exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, también censurado; y, contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre.
Están en carpeta los procesos en contra de Rubén Flores, exministro de Agricultura y Diego García Carrión, exprocurador General del Estado, que cuentan con recomendación de juicio político por parte de la Comisión de Fiscalización.
Autodepuración
En ejercicio del compromiso de luchar contra la corrupción, la Asamblea Nacional destituyó a las exlegisladoras Norma Vallejo y Sofía Espín, cuyas actuaciones fueron investigadas por las respectivas comisiones multipartidistas conformadas por el Pleno, instancias que recogieron las pruebas presentadas por los denunciantes y por testigos que conocían de la la existencia de actos reñidos con la ley, garantizaron el legítimo derecho a la defensa y, concluyeron que las mencionadas exasambleístas habían incurrido en las prohibiciones contenidas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Pese a las acciones desarrolladas para enfrentar la corrupción, es necesario que se den herramientas efectivas y eficaces para que las distintas entidades públicas, particularmente del sector justicia, puedan actuar oportunamente. Para ello, la Asamblea aprobó por unanimidad (107 votos) la Ley de Anticorrupción y demostró su voluntad política de combatir prácticas que lesionan la credibilidad del servicio público y generan pérdidas millonarias para el fisco. Sin embargo, el Ejecutivo vetó totalmente esta iniciativa y remitió un proyecto sustitutivo que está en trámite en la Comisión de Justicia.
Los parlamentarios trabajan también en un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la base de varias propuestas relacionadas con sanciones por actos de corrupción.
Así mismo, se ha dado respuesta a temas estructurales en este ámbito, con la suscripción de varios acuerdos interinstitucionales entre la Asamblea y la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría y la Procuraduría General del Estado.
También está en trámite en la Comisión de Participación Ciudadana para elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, presentado por Elizabeth Cabezas Guerrero, que provee mecanismos para seguir la ruta del dinero producto de la corrupción, a fin de que vuelvan al Estado y sean invertidos en actividades de desarrollo.
Fuente: Ecuadorenvivo
