Los permisos de funcionamiento con los que operaban caducaron en el 2017. En ese año, las regulaciones para los centros de tratamiento de adicciones cambiaron. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), adscrita al Ministerio de Salud, abrió el licenciamiento, un proceso que incluyó nuevos requisitos.
Entonces las cifras variaron. El país pasó de 101 establecimientos de salud, que prestaban servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas en 2017 (antes conocidos como Estads), a 39 centros especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas con licencia de Acess (hoy conocidos como Cetads).
Los controles sobre los establecimientos que ofrecen tratamientos para adicciones se intensificaron en esta semana, tras el incendio en un establecimiento clandestino en el suburbio de Guayaquil. El centro era en realidad una angosta casa, en donde convivían más de 40 personas en hacinamiento; 18 de ellas fallecieron por quemaduras de las vías respiratorias el pasado viernes 11 de enero.
Los 20 sitios que conforman la Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones de la Provincia del Guayas (Acrapg) se encuentran en el proceso de licenciamiento. Su presidenta, la psicóloga Jenny Díaz, aclara que están de acuerdo con las regulaciones, pero reconoce que tienen complicaciones para cumplir con tres aspectos clave: infraestructura, con todas las áreas que requiere la matriz de Acess; personal que funcione en cada una de esas áreas y un equipamiento de primer orden.
“Al subir los estándares también tendríamos que subir los precios para poder cumplir con el licenciamiento. Sí queremos los permisos, no nos oponemos; pero que sea un proceso modificado, de acuerdo con nuestra realidad”.
La Acess reitera que los requisitos son los básicos para que funcione un centro especializado. Parte de la documentación incluye un informe de la Comisión Técnica Institucional de Salud, nómina del personal especializado, plan de contingencia frente a desastres, reglamento y el programa terapéutico aprobado por la agencia.
En cuanto a personal, los centros deben contar con trabajador social, psicólogo clínico, personal de enfermería, médico general itinerante, psiquiatra itinerante, terapeuta ocupacional y asesoría de un nutricionista.
Díaz calcula que completar todos esos requisitos les demandaría unos USD 80 000 a cada centro. Esa inversión aumentaría en USD 200 y hasta USD 400 el costo base de las mensualidades de los centros asociados, que en su mayoría se ubican en zonas populares de la provincia.
Las elevadas tarifas inciden, según los agrupados en Acrapg, en la proliferación de establecimientos clandestinos. Los miembros de esta asociación calculan que alrededor de los sitios donde funcionan existen, por lo menos, siete centros ilegales. “Según ese cálculo habría unos 308 centros ilegales que han proliferado en la provincia, si es que no son más”.
Guayaquil es la ciudad que concentra la mayor cantidad de atenciones por consumo problemático de alcohol y otras drogas. Datos del Ministerio de Salud revelan que el año pasado hubo 13 300 consultas por esta causa.
En 2017 los integrantes de Acrapg enviaron solicitudes a las autoridades para pedir modificaciones al proceso de licenciamiento. El pasado 13 de enero volvieron a enviar oficios a la Presidencia de la República, para pedir apoyo en inversión y entre siete y ocho meses más para cumplir con la regulación de Acess.
Fuente: El Comercio
