Asamblea revisa aplicación de la Ley de la violencia contra la mujer, vigente desde hace un año

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Los avances y resultados de la aplicación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer se presentaron la tarde de este lunes 4 de febrero del 2019 en la Asamblea. Esto a un año de que haya sido ubicada en el Registro Oficial, el 5 de febrero.

Legisladores y representantes de instituciones del Estado conformaron una mesa técnica para exponer las acciones ejecutadas a 12 meses de la aprobación de la Ley, que consta de siete capítulos y 66 artículos. Concluyeron que aún falta la articulación de las 14 instituciones que integran el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además que se requieren establecer rutas y planes de atención inmediata a casos de violencia.

Entre los avances esta el registro único de casos violencia, que casi está listo. Así lo indicó Ernesto Pazmiño, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, ente encargado de la aplicación y seguimiento de la Ley. Este registro recoge los datos de todas las entidades del sistema para conocer cifras reales de casos de violencia contra las mujeres en el país.

Señaló también que se ha avanzado en una actualización de encuestas sobre relaciones familiares y violencia de género y en la identificación y definición de normativas, protocolos y modelos de gestión para atender estos casos.

Pero sostuvo que hacen falta más articulación y planes de acción.  “El caso de Diana, en Ibarra, nos ha permitido pensar en un plan de respuesta.  Es necesario activar líneas de actuación prioritaria del sistema” añadió. Para ese plan se plantean establecer, por ejemplo, comités de respuesta territorial para trabajar en la prevención, protección y reparación de víctimas de violencia.

Por otro lado se expusieron acciones en relación a la Ley en ámbitos de educación, salud, justicia y derechos.

En cuanto a Educación, Diego Paz, subsecretario de innovación educativa y el buen vivir de la Cartera, indicó que en el 2018 se realizó una actualización de códigos de convivencia en planteles educativos, además del fortalecimiento de Departamentos de Consejería Estudiantil para prevenir la violencia entre estudiantes, docentes y padres de familia. La capacitación a 40 000 profesores a escala nacional sobre cómo actuar ante esos casos también es otra acción que resaltó.

Respecto a Salud, se indicó, entre otras, que se ampliaron las salas de atención a víctimas en hospitales y centros de salud tipo C de 15 a 201. Ahí, además de la valoración médica, las víctimas reciben antirretrovirales par evitar enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencias.

Se enfatizó que aún existe revictimización y no reparación de la mujer víctima de violencia. En materia de justicia, se concluyó que aún hace falta trabajo en capacitación a operadores, en mejorar el acceso y atención de las víctimas y la especialización de tribunales y jueces en el ámbito de género.

Entre los que participaron de la mesa estuvieron representantes de los Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y asambleístas miembros de comisiones que trabajan en esos ámbitos. Las entidades deberán enviar a los legisladores informes con las acciones empleadas. Luego la mesa técnica deberá analizar y observar si existen temas que se deben incluir o en los que se debe fortalecer el trabajo.

Fuente: El Comercio