Presentan información sobre el dinero de Venezuela entregado a Rafael Correa

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Después de que el presidente, Lenín Moreno, denunció, durante el Prosur en Chile, la presunta entrega de fondos del Gobierno de Venezuela al expresidente Rafael Correa para el  Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, hoy el secretario nacional anticorrupción, Iván Granda, presentó información a la Fiscalía para aportar elementos a la indagación previa que abrió de oficio esa institución.

Según Granda, presentó información importante que «permitirá desarrollar una investigación sobre la licitud de los fondos». Según la denuncia, el gobierno de Nicolás Maduro entregó 281.000 dólares (915 millones de bolívares). Ese dinero corresponde a 1.170 salarios de un trabajador durante un año, por lo que el funcionario señaló que «indigna que los recursos de la sociedad venezolana» hayan sido usados con ese fin.

El Instituto pagó a un grupo de supuestos veedores internacionales para observar la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro del político de Fernando Balda. En esa audiencia, el exmandatario fue llamado a juicio como autor del secuestro.

Por eso, según Granda, «este instituto tenía como único fin el establecer acciones de pensamiento político«. Por lo que insistió en que la Fiscalía debería investigar cómo se usaron los fondos, tomando en cuenta que la institución pagó a abogados en actividades de defensa personal en un proceso judicial por un delito común.

Creación

El instituto está inscrito en la Cancillería como fundación cuyo fin es el pensamiento político. Por eso, Granda indicó que «la Cancillería tendrá que investigar cómo esta fundación ha generado actividad política a través de su página web, lo cual está claramente prohibido por la Ley para una fundación».

Después de entregar información en la Fiscalía (estatuto de creación, sus socios, qué actividades realizaron y cómo actuaron con la página web), Granda se dirigió a la Cancillería, para hablar con su titular José Valencia.

Allí le solicitó que se abra una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de la fundación, según las disposiciones contenidas en la Ley.

Pero aclaró que se respeta la presunción de inocencia, al contrario de cuando el régimen de Correa puso procesos en contra de las fundaciones Pachamama y Fundamedios.

Valencia, por su parte, aclaró que se hará una revisión siguiendo el debido proceso, con lo establecido en el decreto 193 que regula el funcionamiento de las fundaciones.  Señaló que no puede adelantar qué tipo de sanciones se podrían establecer, porque eso significaría adelantar criterio antes de realizar la investigación.

«De conformidad al decreto que regula el trabajo de las fundaciones y al acuerdo ministerial mediante el cual se dio personería, la Cancillería realizará el respectivo análisis», recalcó Valencia.

La Hora