El cura José Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez deberán responder política y penalmente por lo actuado en la sesión del 10 de julio del 2019. La mañana de este jueves 11 se interpusieron tres denuncias en su contra en la Fiscalía General del Estado por el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.
La tarde del miércoles 10, los cuatro consejeros, que integran la mayoría del Cpccs, aprobaron una resolución para conformar una Comisión Especializada, a la que le delegaron revisar el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional, que estuvo a cargo del Consejo de Participación Transitorio.
“Desde el punto de vista de la política y la legalidad, (los cuatro consejeros del Cpccs actual) han cruzado la línea de incumplir, de desacatar, una sentencia de la Corte Constitucional y esto es gravísimo”, señaló María Paula Romo, ministra del Interior, este 11 de julio.
Jennine Cruz, asambleísta de Creo, acudió este jueves a la Fiscalía para presentar una denuncia penal contra Tuárez, Chalá, Desintonio y Gómez. La parlamentaria señaló que la resolución adoptada la víspera por los cuatro contraviene el dictamen de la Corte Constitucional, que estableció que el actual Cpccs no puede revisar las decisiones particulares y generales que el Cpccs-Transitorio tomó en ejercicio de sus atribuciones extraordinarias.
El actual Cpccs, presidido por Tuárez, no tiene esas atribuciones extraordinarias, tal como reza en el mandato de la Consulta Popular de febrero del 2018, dijo.
“Cruzar esa línea es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponde, y que implicaría desacatar una sentencia expresa”, enfatizó Romo, también ministra de la Política de Ecuador. “Eso tiene consecuencias legales”.
“Es como si yo un día digo ‘voy a dictar una sentencia’. Yo no puedo dictar una sentencia, puedo dar una entrevista y decir ‘saben qué, he decidido dictar una sentencia’. Pero eso no está dentro de mis facultades. Lo que ha decidido el Cpccs no tiene ningún efecto”, puntualizó la Ministra.
“Hay varias vías que la grave violación del Cpccs podría activar y hay que darle a cada una su propio tiempo, su momento, su procedimiento y en cada caso cada autoridad tendrá que decidir”, dijo Romo.
Romo señaló que frente a este hecho “está la consecuencia de la censura, cuando se trata de juicios políticos; está la consecuencia penal cuando se trata de un delito; y está la consecuencia de la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia”.
Además de Cruz, el asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, Raúl Tello, presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra los cuatro consejeros por la misma causal. De su lado, Geovany Atarihuana, de Unidad Popular, también acudió a la Fiscalía con una acusación contra los cuatro consejeros, por el mismo delito.
El delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente” está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla de 1 a 3 años de cárcel.
Cruz dijo que la resolución adoptada el miércoles por el Cpccs, electo en las urnas el 24 de marzo del 2019, es un elemento más a tomar en cuenta para un juicio político.
La asambleísta de Creo se refirió a los consejeros Tuárez, Gómez, Desintonio y Chalá, como “acólitos del correísmo” y señaló que reciben directrices desde Bélgica.
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