Minería: pedidos de consultas podrían generar un caos legal

0
669

La Corte Constitucional (CC) tiene en sus manos, hasta el 20 de septiembre próximo, la resolución de dos pedidos de consulta popular sobre la actividad minera en Azuay. En siete meses se han presentado cuatro solicitudes. Pero si esto sigue así, podría traer algunos inconvenientes.

El abogado Andrés Icaza, experto en el sector minero y abogado constitucionalista en representación de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), explicó que el número de solicitudes presentadas hasta la fecha evidencian que se empieza a generar un caos legal e institucional, por lo que la CC debe pronunciarse sobre el fondo del problema. El objetivo sería evitar que comience una fiebre de consultas, como ocurrió en Colombia, donde se recibieron 124 pedidos en tres años.

Una de las solicitudes es impulsada por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que busca prohibir toda actividad de minería metálica; mientras que el segundo, patrocinado por Baldor Bermeo, alcalde del cantón Ponce Enríquez, establece una pregunta en la línea de si la ciudadanía está de acuerdo con la actividad, en todas sus fases, siempre que cuente con los permisos que la Ley establece.

Con esto se totalizan cuatro pedidos en los últimos siete meses. En un caso, se realizó en Girón; en el otro, sobre una consulta antiminera en siete cantones de Imbabura y Carchi. La CC desestimó el pedido porque la pregunta presentada no cumplía con los requisitos básicos de Ley.

“No importa que la una sea antiminera y la otra pro minera, consideramos que las dos son inconstitucionales. La Corte Constitucional debería pronunciarse en el sentido de que el tipo de preguntas propuestas no puede ser sometido a consulta popular, porque la administración de los recursos naturales y de los sectores estratégicos es facultad exclusiva e indelegable del Estado”, dijo.
Lo nacional sobre lo local
Icaza puntualizó que el dictamen constitucional debe establecer claramente qué asuntos de interés nacional no pueden ser resueltos localmente; y, que una prohibición como la planteada por Yaku Pérez solo se puede hacer a través de reforma constitucional.

EL DATO
En Azuay, actualmente existen alrededor de 150 concesiones mineras, entre ellas, están de los cinco proyectos emblemáticos: Río Blanco y Loma Larga.

“Eso no significa que nos opongamos a que la gente se pronuncie vía eventos democráticos, bajo ningún concepto, pero lo que no podemos permitir es que se abuse de la figura de la consulta popular para hacer una jugada política”, aseveró Icaza.

Pérez, por su parte, insiste en establecer el dilema de la consulta popular entre minería o agua, y que su lucha está en defender el patrimonio natural ante la depredación de las transnacionales. Sin embargo, el Prefecto ha reconocido que no hay todavía un plan alternativo, ni económico ni productivo, para reemplazar a la extracción de minerales. (JS)

El caso en Girón 
°  Icaza afirmó que, con el resultado de la consulta anti minera, donde ganó la prohibición de la actividad en el cantón Girón, se creó un pequeño régimen constitucional, pero vigente y vinculante, en esa localidad. “No se sabe cómo interpretar y aplicar el resultado. No se pueden quitar las concesiones porque caen demandas internacionales, pero tampoco se puede desoír lo expresado en la consulta”, comentó.

Platón a favor de la minería 
°Hoy, de 09:00 a 12:00, varios sectores relacionados con la minería realizarán un plantón a favor de la actividad, que partirá desde el parque El Arbolito de Quito y llegará hasta la Corte Constitucional.

En la CC, concesionarios, proveedores de servicios, trabajadores y comunidades que ya conviven con la minería, presentarán 12 Amicus Curiae, con el fin de que sean escuchados sus argumentos en favor de la actividad.

Fuente: La Hora