Un total de 16 testigos presentó hasta la noche de ayer, lunes 21 de octubre, la fiscal Jimena Moina para sustentar su acusación contra la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, y cinco personas más, quienes son acusadas del delito de peculado que se habría cometido en la contratación de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del Seguro Social.
La mañana de lunes último se instaló la audiencia de juzgamiento en la Unidad Judicial Norte, de Quito. El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Luis Manosalvas (ponente), Mabel Tapia y Galo Rumiguano es quien lleva esta etapa del proceso.
La investigación inició con un informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría. El informe incluyó los resultados de un examen especial al proceso de contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipo oftalmológico para 30 unidades médicas a escala nacional.
Entre los procesados en esta causa también están Bolívar B., Fernando G. y los miembros de la Comisión Técnica que revisó la fase precontractual Henry M., Griselda G. y Marco E.
Según Fiscalía. Larrea, como directora del Hospital Carlos Andrade Marin, formuló la necesidad para adquirir equipos sin que exista un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados. Además se habría determinado que la adquisición se hizo sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS.
La compra se habría realizado pese a que Larrea no tenía la facultad legal para requerir equipos y no fue objetada por los directivos de la entidad.
Información que posee Fiscalía revelaría que los equipos oftalmológicos requeridos y adquiridos por Larrea fueron subutilizados y otros permanecían embodegados por no contar con personal especializado, afectando así los recursos institucionales.
Finalmente, la fiscal Moina explicó que la comisión técnica definida para la etapa precontractual, al momento de evaluar la adjudicación, no realizó los estudios adecuados de las propuestas presentadas. El contrato se adjudicó a la empresa CMM Representacione por $30’127.700, es decir $5 millones más de lo que ofertaba otra empresa que fue descalificada.
Una vez terminó la Fiscalía la presentación de sus testigos, entre los que estuvieron peritos, exfuncionarios del IESS y médicos, y la prueba documental, inició su presenetación de prueba testimonial y documental la acusación particular: el Seguro Social, y la defensa de los procesados.
Fuente: El Universo
