La decisión de declarar reservada la diligencia fue tomada debido a que la paralización de un servicio es un delito que afecta a la estructura del Estado ecuatoriano.
En audiencia única el juez Jacho resolverá si los procesados reciben o no una sentencia por los hechos violentos que se registraron en la provincia de Sucumbíos el 7 de octubre pasado, cuando un grupo de manifestantes, según Fiscalía, ingresó de forma violenta a un pozo de Petroamazonas y obligaron a operarios a suspender el paso de crudo por el sistema SOTE.
La mañana del miércoles último, las juezas de la CNJ Rosa Merchán, María Espinoza y Magaly Soledispa, de forma unánime negaron los recursos de habeas corpus solicitados por la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos para el asambleísta Poma, el prefecto Chávez, el concejal Burbano y otra personas más.
Cerca de media hora demoró el Tribunal para deliberar en base a los argumentos presentados y definir que el recurso interpuesto era ineficaz.
Cálculos de Petroecuador señalan que la paralización por más de dos horas del Sote habría originado una pérdida de $1.7 millones para el país.
Fuente: El Universo
