La Comisión Ocasional Especial que se encargará de tramitar tres propuestas de enmiendas a la Constitución arrancó el lunes 28 de octubre del 2019, sus actividades en medio de discrepancias entre sus ocho integrantes.
Las diferencias tienen que ver con el nuevo mecanismo para designar autoridades de control, que forma parte de la enmienda propuesta para restar esas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Wilma Andrade (ID), quien lidera la iniciativa, manifestó que el texto debe ir tal como fue calificado por la Corte Constitucional (CC) y que en la Carta Magna se deben detallar los pasos que deberá cumplir el Parlamento, una vez recupere esa función.
De ese modo, la selección de vocales del Consejo de la Judicatura, Procurador y superintendentes se daría por ternas. La de magistrados de la Corte Constitucional, mediante una Comisión Calificadora. Y por postulación, en los demás casos.
Entre los comisionados, sin embargo, surgieron discrepancias. Jeannine Cruz (Creo) sostuvo que en la Constitución se debe «reglamentar de manera general» el procedimiento para luego de aprobada la enmienda precisar los filtros en una ley.
«Simplemente la Constitución debe hablar que ahora es una nueva competencia de la Asamblea y que existe una Comisión; cómo funciona, cómo se integra tiene que estar detallado en la Ley de la Función Legislativa», concordó Vicente Taiano.
La presidenta de la Mesa, Elizabeth Cabezas (AP), indicó que se darán por lo menos 10 sesiones para procesar este tema, en vista de que la Carta Magna contempla un plazo de 30 días para el primer debate y un año después el segundo y aprobación.
Cabezas adelantó que serán llamadas las autoridades del Cpccs y de otras instituciones para que presenten sus criterios. También académicos, y organizaciones sociales. Cada semana se darían dos jornadas de debate, entre lunes y miércoles.
Las otras dos enmiendas tienen que ver con una nueva fórmula para la asignación de recursos a los gobiernos locales, con base a la extensión de kilómetros. Cruz, como proponente, pidió que se llame a las autoridades seccionales.
Y la otra es impulsada desde 2017 por Esteban Bernal, exasambleísta de Creo, sobre prohibiciones para ser fiscal y contralor. Según los comisionados, esta sería unificada con la que promueve la mayoría parlamentaria sobre las funciones del Cpccs.
Fuente: Diario EL COMERCIO
