El Gobierno Nacional resolvió aceptar la resolución de Fuerza Mayor solicitada por la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador con la que suspenden sus actividades en el bloque 79, ubicado en la provincia de Pastaza. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), informó hoy, miércoles 6 de noviembre del 2019, que conocieron esta semana esa decisión y piden que se amplíe al bloque 83 ya que «afecta a los mismos territorios que el bloque 79».
La resolución a la que se refiere Vargas es de fecha 10 de octubre. Señala en su artículo 1: «Aceptar la Fuerza Mayor solicitada por Andes Petroleum en relación a más actividades no ejecutadas y comprometidas en el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque 79». El contrato de prestación de servicios petroleros se firmó entre el Estado y la empresa Andes Petroleum el 25 de enero de 2016. Vargas señaló que el argumento de la empresa petrolera para suspender las actividades fue el que existe «una oposición social generada en los últimos meses por parte de las comunidades indígenas».
Sin embargo, el dirigente indígena rechazó esa versión ya que la oposición a ese proyecto petrolero se dio desde años atrás. Para ambas nacionalidades, el hecho de que el Gobierno haya aceptado el pedido de la petrolera significa un triunfo en lo que se refiere a la «defensa de sus territorios». Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reafirmó la posición del movimiento indígena sobre «no permitir que se extiendan las fronteras petroleras en la Amazonía». Dijo que la explotación petrolera no se ha traducido en desarrollo para las comunidades que se asientan en las zonas de explotación.
Tanto en el bloque 79 como 83, según Vargas, no se han iniciado actividades. «Están en fase de exploración. Las comunidades ahí están tranquilas. No aceptaremos el ingreso para estas actividades», dijo el presidente de la Conaie. Por su parte, Miriam Cisneros, dirigente del Pueblo Sarayaku, señaló que preparan una demanda que será presentada en la Corte Constitucional para que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el retiro de 1 400 kilos de explosivos que fueron colocados para la explotación petrolera en su territorio «porque son un peligro para las comunidades».
Fuente: Diario EL COMERCIO
