Este viernes 15 de noviembre, se instaló la audiencia de reformulación de cargos en contra de 27 investigados por el delito de terrorismo, relacionado con el ataque al edificio de la Contraloría, ocurrido durante las protestas de octubre. La diligencia se realiza en la Unidad Judicial Norte en Quito, en medio de presencia de integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el refuerzo policial.
La Fiscalía modificará la acusación, tal como ocurrió en casos anteriores; en los que el delito cambió a daño a bien ajeno y paralización de servicio público. Por ahora se manejan tres opciones: sabotaje, toma de institución pública o destrucción de delito.
La acusación ya no será por terrorismo, que sanciona a las personas que provoquen o mantengan en estado de terror a la población; ponen en riesgo la vida, integridad física o la libertad de las personas y que ponen en peligro edificaciones, medios de comunicación y transporte. Éste se castiga con prisión de 10 a 13 años.
Los abogados de los procesados argumentaron que los detenidos no son terroristas «han venido a ejercer uno de los derechos constitucionales. Ahí están los jóvenes, los indígenas, los campesinos, la gente pobre de la ciudad salieron a protestar», dijo Mariana Yumbay, abogada de la Conaie.
«Jamás han incendiado nada, no cometieron ningún delito. Por eso durante estos 30 días que ya han permanecido detenidos en algunos casos se ha demostrado que no hay pruebas, por eso queremos ahora escuchar a la Fiscalía», afirmó Yumbay.
Uno de los procesados es Óscar Daquilema, un joven indígena de 19 años, quien fue encontrado en la Contraloría. Su defensa negó que hayan hallado en su poder material pirotécnico y combustible. Los abogados esperan que el nuevo delito sea más leve que el de terrorismo.
Fuente: Ecuavi
