El canciller, José Valencia, remitió una carta el pasado lunes 2 de diciembre del 2019 a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, al considerar que el comunicado emitido por su oficina el 29 de noviembre pasado “no refleja en su real dimensión el contexto de violencia” de las protestas que se dieron en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre contra el Gobierno.
En parte de la misiva, cuyo contenido fue difundido este jueves 5 de diciembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Valencia le dice a Bachelet que las apreciaciones con relación al paro “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”. “
El comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”, subraya. Valencia insiste en que “pese a la masiva conflictividad que vivió el Ecuador, el comunicado se limita a observar que ‘algunos manifestantes’ recurrieron a la violencia.
Nos hemos quedado sorprendidos por ese cálculo tan frugal del número de personas que cometieron actos violentos, saqueos y hechos vandálicos, y sabotearon instalaciones públicas y negocios privados”. “No fueron ‘algunos’ manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y en especial en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación.
Pruebas de ello son que hayan usado escudos claramente fabricados en serie, lanzadores de cohetes, bombas incendiarias, a más de ejecutar ataques en grupos coordinados como los que incendiaron el edificio de la Contraloría o Teleamazonas, todo lo cual fue registrado por las cámaras de telediarios locales e internacionales”, remarca.
A su vez, para Valencia llama la atención “el pedido del comunicado de que las autoridades ecuatorianas ‘se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros’. Se da a entender que hubo tales pronunciamientos y que posiblemente fueron múltiples.
Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad”, dice.
Al contrario, “acusar de estigmatización a un Gobierno como el del presidente Moreno es una apreciación injusta y que a todas luces no se corresponde con la realidad”, enfatiza Valencia y recuerda que a la misión de la OACDH se le explicó que “el Gobierno del presidente Moreno devolvió a la Conaie su edificio sede, que le había sido expropiado por el ex presidente Correa; dio amnistía a 48 líderes indígenas que habían sido apresados en el gobierno de Correa por actos de supuesto terrorismo; restableció el Programa nacional de Educación Bilingüe que Correa había cancelado; y ha acogido a casi 400 mil ciudadanos venezolanos que huía de la crisis en su país, a quienes se está regularizando en su condición migratoria en colaboración con las Naciones Unidas”.
El Canciller reiteró en su carta que la política del Gobierno “es de total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre”, lo que precisamente motivó a que se invitara a la Alta Comisionada a enviar una misión al país. Puntualiza que la Fiscalía General del Estado investiga los casos de denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
Fuente: Diario EL COMERCIO
