La Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que observa con profunda consternación las dificultades reportadas en Guayaquil para trasladar, cremar y sepultar los cuerpos de las personas que han muerto durante la pandemia del COVID-19.
El organismo interamericano agrega que «toma nota del acuerdo interministerial que establece protocolo para manejo de cadáveres en Ecuador y recuerda a los Estados que «el cuidado de restos mortales de personas es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana».
La CIDH estableció una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para «apoyar» a los pueblos de las Américas en la protección y defensa de los derechos humanos, durante el desarrollo de las pandemia en el Continente.
Ayer, el presidente Lenín Moreno reconoció, por primera vez, que los registros oficiales sobre contagiados y fallecidos en el país se «quedan cortos», frente a la realidad y ratificó lo dicho por Jorge Wated, quien está al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, respecto a que en Guayaquil podrían existir entre 2.500 y 3.500 fallecidos en los próximos meses por COVID-19.
De acuerdo al último informe del gobierno, con corte a las 11H00 de este jueves, 2 de abril, existían 3.163 contagiados y 120 fallecidos. Además de 78 fallecidos probables y las pruebas de detección rápida aún no llegan al país. Solo en la ciudad de Guayaquil 1.520 contagios y, en total, en la provincia del Guayas 2243 contagios.
Desde el informe de la Comisión sobre las manifestaciones y paralización de octubre en el que se señaló que el Estado de Ecuador hizo uso excesivo de la fuerza, las relaciones del gobierno del presidente Lenín Moreno no han sido las mejores con el organismo.
El canciller José Valencia, la ministra María Paula Romo y otros funcionarios calificaron al trabajo de la CIDH como sesgado y poco objetivo.
Fuente: El Universo
