Amnistía Internacional para las Américas solicitó al gobierno ecuatoriano que derogue el acuerdo ministerial 179 que permite a los militares utilizar armas letales contra manifestantes, lo que pone en riesgo la vida e integridad de la población.
Mediante su cuenta de Twitter el organismo internacional apuntó que el derecho internacional establece que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a cuerpos policiales civiles.
Además las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de garantizar el derecho a la protesta pacífica durante la pandemia del covid-19, cumpliendo con las restricciones para proteger la salud pública.
Amnistía anteriormente aseguró que desde marzo en varios países, especialmente de Latinoamérica, se han hallado indicios qué organismos de la región están recurriendo a formas de represión para que la población cumpla las medidas sanitarias y quienes sufren esta represión son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios.
Sobre el reglamento de uso progresivo de la fuerza, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó que solo se trata de un manual que debe observar el personal militar cuando apoye a la policía en el control de disturbios.
Jarrín expidió el Acuerdo Ministerial No. 179 para regular el uso progresivo de la fuerza, desde el nivel uno, hasta el nivel cinco, que permite el uso de armas de fuego letales.
A través de esta disposición se faculta que, según las circunstancias, los efectivos de las Fuerzas Armadas puedan saltarse del nivel uno al nivel cinco, es decir, hasta un nivel letal.
La mencionada normativa se expidió en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. (I)
Amnistía anteriormente aseguró que desde marzo en varios países, sobretodo latinos, se ha hallado indicios de represión.
