La Fiscalía General del Estado expresó su “profunda preocupación” por las decisiones judiciales tomadas entre la noche del 3 y madrugada de ayer, 4 de junio del 2020 en Guayaquil, pese sus pedidos de prisión preventiva en presuntos casos de corrupción: jueces dispusieron que el expresidente Abdalá Bucaram cumpliera arresto domiciliario y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fuese liberado con un grillete.
“El sistema de justicia es un engranaje”, enfatizó la fiscal general del Estado, Diana Salazar y continuó: “Si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde la Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación; ojalá todos los demás lo hagan”.
En un comunicado, la Fiscalía de Ecuador resaltó que el arresto domiciliario para Bucaram se dictó pese al pedido de los investigadores para que se dicte una orden de prisión en un centro de rehabilitación. “Si bien la prisión preventiva es excepcional también existen parámetros que los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos”, dice la Fiscalía.
En el comunicado, la Fiscalía agregó: “El combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad (…) Las acciones que Fiscalía despliega en territorio son el resultado de cientos de horas de trabajo técnico de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, que implican el uso de recursos económicos, que requieren de logística especializada y conllevan riesgos en su ejecución”.
La entidad hizo un llamado a los órganos de justicia para que “asuman esa responsabilidad con la mayor entereza y contundencia”. La fiscal Salazar señaló ayer, en una entrevista con Ecuavisa, que la decisión judicial sobre Morales y Bucaram fue recibida con “absoluta sorpresa”.
Afirmó que hay que “tener conciencia” que el sistema de Justicia es un engranaje” en el cual la Fiscalía dirige la investigación, la Policía ejecuta las órdenes que da la Fiscalía pero que son los jueces los que deciden.
“Tenemos un mensaje clarísimo: la lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo este engranaje. Ya la Fiscalía cumplió, y el sistema de Justicia, representado por los jueces, está dando un mensaje a la ciudadanía: que aquellos casos de corrupción, no importa cuanto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolos”. En cambio, cuando un ciudadano roba un celular sí recibe prisión preventiva.
“Ya vendrán los juristas a decir que la prisión preventiva es excepcional, por supuesto que es excepcional y debe ser excepcional y aplicada precisamente en estos casos de corrupción donde se están robando el dinero del pueblo. ¿Querían las cabezas? Ahí están las cabezas!”.
Fuente: El Tiempo
