La cuarentena implementada para enfrentar la pandemia del coronavirus aumentó el riesgo de las mujeres a ser víctimas de algún tipo de violencia. A nivel nacional, las llamadas de emergencia al ECU-911 relacionadas con violencia intrafamiliar tuvieron una variación significativa.
En marzo del 2019, el 911 recibió 2.260 llamadas de emergencia por esta situación a nivel nacional. En el mismo mes de este año la cifra creció a 8.000. En abril del año pasado se registraron 10.000 llamadas y en el mismo mes del 2020, 7.000.
“Esto no significa que se haya reducido la violencia, porque lo que constatamos aquí es que hay menos posibilidades de acceder a medios tecnológicos, a servicios presenciales de salud, de acceso a la justicia, de atención. Y obviamente, la violencia se quedó en las cuatro paredes. Esto es gravísimo en condición de pandemia”, explicó Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, en Prisma TV.
En Azuay desde el 12 de marzo que inició la cuarentena hasta el 17 de junio el ECU-911 recibió 716 llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar, un promedio de ocho al día.
En esta emergencia el rol de las casas de acogida ha sido fundamental. En Cuenca, la Casa María Amor trabaja en tres ejes: acogida, el espacio donde se encuentran los grupos familiares en riesgo; líneas telefónicas de apoyo a las que pueden comunicarse las mujeres para recibir ayuda; y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia.
Entrevista a Blanca Pacheco, directora de la Casa María Amor
La violencia de género y a los niños incrementó en la pandemia. ¿Cómo se refleja eso en el trabajo de la casa de acogida?
Fue un reto organizarnos como Casa de Acogida para que las mujeres puedan contar con acceso a través de la línea de apoyo a información, pero también a las respuestas. Fueron necesarias varias acciones de coordinación, aprendernos varios números de contactos, de la Policía, 911, con los servicios de salud, etc. Y también observamos que se presentó un incremento de mujeres que necesitaban lugares seguros.
En los tres niveles de atención que tenemos ha habido una alteración. Por ejemplo, el incremento de las llamadas que hemos recibido en la línea de apoyo nos alertó y preocupó mucho. En el año teníamos un promedio de entre 400 y 450 llamadas. En lo que va de la emergencia, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo, se presentaron más de 150 llamadas. Eso significa que hay un incremento del nivel de riesgo.
Aunque están conviviendo con los agresores por el confinamiento, las mujeres seguían llamando. Ese nivel de riesgo para nosotros es el punto clave para activar el sistema de protección que existe y que está determinado en la ley. Sin embargo, la preocupación que surgió ahí es que el sistema como tal no funcionó de la manera que esperamos quienes trabajamos con víctimas de violencia.
¿Por qué no funcionó?
Creemos que muchas de las acciones estaban direccionadas a disminuir los riesgos de contagio. Pero se dejó, desde nuestra perspectiva, en un segundo plano la problemática de violencia, que de por sí ya era alarmante luego de los últimos datos que se obtuvo en la segunda encuesta (de violencia de género realizada en 2019). Esta, además, ubica a Azuay como la segunda provincia en nivel de violencia.
Este proceso nos demostró que la violencia está tan naturalizada que muchas de las veces la política es una política pública que aún no dimensiona el problema. Eso se cruzó con la necesidad de hacer mucha incidencia con el Estado. Como organización estamos teniendo reuniones constantes, todos los días, que permitan visibilizar la problemática y hacer un proceso de exigibilidad.
Menciona que se necesitaron más espacios seguros, ¿cómo se manejó esa situación considerando las reglas para evitar la propagación de la COVID-19, como el distanciamiento?
Teníamos que disminuir al mínimo la probabilidad de contagio del COVID-19 en el espacio de acogida. Cuando estábamos iniciando la pandemia ya estábamos con un grupo de personas elevado, con 15 grupos familiares. Durante la emergencia hubo 17 mujeres que necesitaron espacios de aislamiento, espacios seguros.
Nos vimos en la necesidad de buscar espacios alternativos para las víctimas. Si alguien nos prestaba un departamento o nos apoyaban para el pago de una habitación. Así lo hemos estado haciendo y también gestionando con redes seguras para que las víctimas cumplan los 15 días de aislamiento preventivo y después de ese tiempo hablamos con las mujeres para que puedan ingresar de manera más segura a la casa de acogida. Y para que eso se dé seguimos buscando las alternativas para que las mujeres que ya estaban puedan también salir del espacio generando redes de apoyo.
Sabemos que una de sus principales preocupaciones es precisamente las mujeres que sobreviven a la violencia.
Usualmente atendíamos a un promedio de 15 mujeres sobrevivientes, con sus hijos e hijas llegamos más o menos a 30 personas. Luego de salir de la casa de acogida, nuestro equipo les acompañaba en el proceso de ser autónomas, de poder organizarse sin la necesidad de estar con el agresor, de poder generar nuevas alianzas con la sociedad en su conjunto, precisamente para lograr su empoderamiento. Estas mujeres, en la emergencia, se quedaron nuevamente sin nada. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia está asociada con elementos de poder o con elementos de mayores desventajas. Desventajas en el acceso a la educación, que implica una desventaja de acceso al empleo.
En este momento estamos haciendo acompañamiento a 36 grupos familiares de mujeres sobrevivientes de violencia. Ellas están en esa lucha de no regresar con el agresor o a los lugares de riesgo. Estas compañeras y alrededor de 70 niños, niñas y adolescentes no pueden participar en los procesos de emprendimiento de nuestra asociación Mujeres con Éxito, porque no está funcionando en su totalidad, por las restricciones de la emergencia. Eso les permitía generar sus propios recursos.
Son compañeras jefas de hogar que han perdido sus empleos o las que siguen trabajando están en situación de desventaja. Estamos en esos dos niveles de alerta que nos preocupa de sobremanera.
La pandemia no ha terminado, ¿cómo cree que se debe mejorar el trabajo para prevenir la violencia de género?
Creemos que el problema de la violencia en el confinamiento requiere respuestas mucho más concretas. En este momento ya abrieron otros servicios, por ejemplo, en el ámbito legal. Sin embargo, creemos que la crisis está latente, porque no todas las mujeres han accedido a servicios, y por otro lado no existe la confianza de enfrentar al agresor y buscar ayuda.
Si me preguntan qué es necesario hacer, seguir garantizando lugares seguros para las mujeres. Pero al mismo tiempo instar al Estado en sus diferentes niveles a repensar en cómo se apoya a las víctimas, a las sobrevivientes de violencia, para que realmente puedan activar su economía, y que eso disminuya el riesgo de que ellas regresen a los círculos de violencia.
¿Cómo está el flujo de recursos económicos que provienen del Estado? Desde el año pasado había problemas con eso.
Una de las mayores dificultades que se tiene año tras año es que los recursos para el problema de la violencia de género dependen de la presentación de proyectos. Cuando arrancó la emergencia sanitaria, no teníamos recursos, ninguna instancia estatal que aporta con un porcentaje para el funcionamiento de la organización hizo la entrega de recursos.
En abril se hizo un primer desembolso que corresponde a los primeros seis meses del año. Es decir, nos pagaban lo que estaba pendiente. Estamos terminando junio y sabemos que el riesgo, esperamos que no se dé, es que no se pueda hacer el segundo desembolso. Estamos en conversaciones, hemos manifestado que las casas de acogida a nivel nacional.
Uno de los problemas que se presentó es que los proyectos en vigencia no contemplaban la emergencia sanitaria, es decir, que hay ciertos rubros que hemos necesitado en las casas de acogida que no son cubiertos por ninguna entidad estatal. Por ejemplo, necesitamos recursos para todo el proceso de bioseguridad o para las compañeras sobrevivientes de violencia que reciben raciones de comida. Por seguridad de ellas tenemos que ir a sus domicilios, eso implica gastos de movilización, no contemplados. O, por ejemplo, cuando las víctimas deben trasladarse a otros lugares. Estamos insistiendo en que se pueda hacer ajustes para cubrir estas necesidades.
Dato: Las mujeres que sufren algún tipo de violencia pueden comunicarse a las líneas telefónicas: 072832817-0958934487-0978971837. La Casa María Amor recepta llamadas telefónicas y mensajes de texto, también devuelve las llamadas.
Fuente: El Mercurio
