Ecuador combatirá al covid-19 sin estado de excepción desde el 13 de septiembre

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Desde el 13 de septiembre se podrá circular libremente por todo el territorio ecuatoriano; también habrá libertad de reunión o de asociación. Esos dos derechos se recuperarán, luego de que culmine el estado de excepción el 12 de septiembre, según Juan Zapata, director general del Servicio ECU-911 e integrante del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo ayer que ya no se expedirán más estados de excepción, después de conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el último decreto (1126). Los magistrados, en su resolución, recuerdan que el estado de excepción “no constituye un mecanismo permanente y apto para enfrentar situaciones adversas de carácter indefinidas”, en referencia a la pandemia del covid-19.

La Corte dispuso que el Gobierno, en coordinación con las autoridades nacionales y seccionales, adopte medidas normativas y políticas públicas para controlar y mitigar la crisis sanitaria, garantizando los derechos ciudadanos bajo el régimen jurídico ordinario. La Corte establece que una nueva declaratoria de estado de excepción “bajo los mismos hechos e idénticas razones es improcedente”.

El constitucionalista Juan Francisco Guerrero indicó que la Corte advierte quenovalidaráni renovará una nueva declaratoria de este tipo, por la misma causal que se argumentó en dos ocasiones previas con sus renovaciones. Ismael Quintana, experto en derecho constitucional, aclaró que las autoridades deberán implementar acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales, resoluciones e incluso leyes para establecer limitaciones que permitan hacer frente al brote viral.

Eso, precisamente, se hará en esta nueva etapa para controlar el virus. Paralelamente, el Gobierno desarrollará la campaña Yo me cuido, que fue lanzada ayer por las autoridades. En la presentación de este plan, Zapata indicó que el uso de playas y espacios públicos y la movilidad de vehículos son competencias de los municipios, por lo que las autoridades locales deben tomar decisiones en esos aspectos. En aquellos cantones donde no hay esta figura, el Gobierno tomará las resoluciones.

“Hay que coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para que las ordenanzas vayan en la misma línea de la semaforización, es decir, que no sean diferentes y que generen complicaciones a nivel nacional”, dijo Zapata. Justamente, el COE de Santo Domingo resolvió en su reu­nión de ayer que se fortalecerá el control de las aglomeraciones en barrios, zonas céntricas y canchas deportivas. Los municipios seguirán con sus controles. Por ejemplo, en el uso de la mascarilla, el respeto al distanciamiento para evitar aglomeraciones y en los operativos en las calles.

Esta última tarea está a cargo actualmente de la fuerza pública. La Policía informó que trabajan en los lineamientos sobre las actividades que cumplirán una vez terminado el estado de excepción. Desde la Dirección General de Operaciones se delinean las estrategias para enfrentar la seguridad y apoyar a los gobiernos locales. Fuerzas Armadas confirmó que elabora un plan que se aplicará luego del 15 de septiembre.

El documento fue analizado ayer. Ahí se detalla que los soldados no continuarán en la vigilancia permanente en ciudades y vías. La intención es enfocar los esfuerzos en tareas concretas que cada COE cantonal considere. Por ejemplo, los militares podrían continuar con patrullajes en zonas específicas, de acuerdo con los planes estructurados por los municipios. El fin del estado de excepción no significa que la emergencia haya terminado, aclaró la ministra Romo.

Explicó que se pasará a otro tipo de control, donde la mayor parte de la responsabilidad se pondrá en “el autocuidado y la autoprotección”, que se incentivará con la campaña Yo me cuido. Igualmente, se mantendrá la modalidad del teletrabajo, establecida por el Ministerio de Trabajo, indicó Zapata. Además, las empresas que proveen servicios básicos y de telecomunicaciones no pueden hacer cortes por falta de pago, mientras permanezca el estado de excepción y hasta dos meses después de su terminación; es decir, hasta el 12 de noviembre. Igual plazo rige para el no desalojo por la falta de pago de los arriendos.

Fuente: Diario EL COMERCIO